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Carta al director

Interinos buscan partido político

 

María Luisa Fernández Galán

Torremejía (Badajoz)
07/03/2019

El personal temporal de la Administración Pública de Extremadura sigue peleando contrarreloj para evitar el ERE masivo con el que están amenazados desde que el anterior Gobierno, CCOO, UGT y CSIF firmaron en marzo de 2017 un acuerdo para solucionar el galimatías que actualmente impera en la función pública.

Este embrollo es un conjunto de varios factores adicionados por los correspondientes responsables políticos y las consecutivas jefaturas de personal de la Administración encargadas de gestionar a los trabajadores y las trabajadoras de los servicios públicos.

Las variables de esta ecuación son un gran número de funcionarios y laborales que han sobrepasado el tiempo legal para estar en comisiones de servicio, multitud de años sin convocar oposiciones para cubrir puestos de trabajo que, por ley, deberían haberse cubierto y una administración paralela formada por empresas públicas que han terminado realizando trabajos que legalmente no pueden desarrollar.

El resultado de esta triste fórmula matemática son 25.000 personas en situación de temporalidad trabajando en la Junta de Extremadura, diputaciones y ayuntamientos durante 10, 15 e incluso más de 20 años. Según expone el Estatuto Básico del Empleado Público «son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera...», está claro que hay algo que no se está haciendo bien. Y los perjudicados, sin tener culpa alguna de este escenario, son claramente estas personas que llevan media vida trabajando al servicio de la Administración y estudiando con el miedo constante a ser cesados y verse en la calle sin siquiera una indemnización, con una edad muy complicada laboralmente, ya que una amplia mayoría sobrepasa los 50 años.

Reunidos en asociaciones, desde hace más de un año comenzaron a organizarse para intentar salvar sus puestos de trabajo: a través del sindicato USO han presentado una ILP para la estabilización de su empleo, ya han salido a la calle una vez y, tras la reunión mantenida en Madrid con la Coordinadora de Empleados Públicos Temporales en Fraude de Ley, preparan otra manifestación conjunta con el resto de comunidades autónomas y están programando otra serie de acciones reivindicativas y judiciales.

Con los mismos fines, las diferentes asociaciones se han reunido a lo largo de estos dos últimos meses con la directora de Función Pública y con los grupos políticos PP, PSOE, Cs y Podemos para pedir a estos últimos una solución justa al embrollo en el que se ven envueltos por la mala gestión de los responsables de personal de quienes dependen. Con estos argumentos, y ante las inminentes elecciones autonómicas, parece claro que el grupo político que socorra a este colectivo de 25.000 personas tendrá la representación suficiente en la Asamblea para solucionar este problema.

El voto de los funcionarios interinos y laborales temporales puede que marque el devenir político de los cuatro próximos años.