WLwa interrupción del embarazo en España es tan habitual y ajustada a las leyes que ni siquiera el PP se atrevió a modificarla pese a su integrismo católico. Pero no se ha olvidado que en la gestación de esa normativa, a mediados de los 80, se impuso una serie de condicionantes aún vigentes. El principal, que la mujer no es libre de tomar la decisión de poner fin a su embarazo en las semanas iniciales: formalmente hace falta la autorización de una tercera persona, un médico o un juez. El Gobierno del PSOE ha anunciado que va a establecer una ley de plazos por la que si una mujer decide abortar dentro de las 12 primeras semanas de embarazo no necesite ningún otro requisito que su voluntad. Esta norma es más congruente con nuestra Constitución laica, pues los supuestos vienen a recordar que las interrupciones de los embarazos no son un derecho, sino una graciosa excepción. Y no inducirá más a abortar, porque las posibilidades actuales ya son completas. Sencillamente, es del todo respetuosa con la mujer, la única persona capaz de saber si voluntariamente quiere traer al mundo a un nuevo ser.
