Hasta ahora en Extremadura la financiación de las infraestructuras se ha hecho con cargo a los Presupuestos. Estas inversiones se justifican ahora más que nunca por su capacidad de generar empleo durante la construcción y por los efectos que su uso aporta al crecimiento y al desarrollo económico.
Financiando con cargo al Presupuesto parecía no haber problema, pero en la situación actual, con elevado déficit, se reduce la capacidad de inversión provocando cierre de empresas y desempleo. En esta situación es necesaria una reforma, una nueva política de financiación, con ideas, capacidades e inteligencias. El uso eficiente de los fondos europeos y el desarrollo de un programa de inversiones basado en proyectos estratégicos orientados a asegurar la movilidad de las personas, las mercancías y la competitividad de nuestra economía autonómica.
El resultado puede ser espectacular por la calidad de las inversiones, eso sí, sabiendo captar, con prudencia, a los inversores privados con gran cantidad de dinero fresco disponible, y que están deseosos de ponerlo en rentabilidad. Ello se puede hacer sin violentar el necesario equilibrio financiero y presupuestario. El sistema español, el denominado Modelo Madrid de provisión y financiación de infraestructuras ha sido y es un referente a escala mundial.
XEN MATERIAx de financiación, la creación de entes público-privados empresariales para el desarrollo de las inversiones permite dar más protagonismo a la iniciativa privada y a los criterios de mercado en la provisión de infraestructuras, con ello se introduce eficiencia económica y la disponibilidad de la obra pública depende menos de las decisiones políticas y de la marcha del presupuesto y más de la capacidad de los agentes económicos para hacer rentables los proyectos. Así se devuelve a la economía de la oferta el protagonismo en materia de infraestructuras.
El instrumento necesario es una profunda reforma del marco legal vigente en la materia y en todos y cada uno de sus desarrollos sectoriales, leyes, decretos y órdenes, culminado con una Ley de Concesión para la Financiación Privada de Obras de Interés Público. No se pueden hacer políticas nuevas, con ideas nuevas y con inteligencias nuevas con las legislaciones aplicadas durante los últimos 30 años. Las consiguientes reformas de las legislaciones propias de suelo, vivienda, carreteras y aguas, propiciarán proyectos financieramente rentables, o actuaciones de conjunto que así lo sean y podrían ser llevados a cabo por la iniciativa público--privada, eso sí, mediante el correspondiente concurso público. Además los proyectos rentables no incluidos en la programación que puedan identificar los agentes privados, podrían ser propuestos para su ejecución mediante la utilización de una cláusula legal de iniciativa de los particulares.
No afrontar este reto significaría seguir haciendo políticas tradicionales con legislaciones propias de otros tiempos, con el agravante que los gestores son distintos de los que ideológicamente propiciaron estas regulaciones. Esta es una de las peores situaciones posibles. La peor de todas es la de no hacer nada por prudencia, tanta prudencia ahoga la iniciativa y acaba con la oportunidad.
El objetivo último, en definitiva, es garantizar que ningún proyecto que necesite la economía deje de emprenderse, por su interés en sí mismo y por lo que supone en inversión, actividad económica y generación de empleo. Está confirmado que la inversión en infraestructuras es muy importante para el desarrollo económico y que debe estar siempre presente en cantidad suficiente para cooperar en el crecimiento. Lo contrario constituye un obstáculo insalvable para la evolución positiva de la economía. La provisión de infraestructuras al ritmo adecuado resulta fundamental para garantizar el potencial de crecimiento, y ello es fundamental para el desarrollo económico y la creación de empleo.
Otra cosas es que con los cambios propuestos en el sistema de financiación de las obras públicas; los de carácter legal y otros de detalle normativo para reducir y simplificar los trámites administrativos y hacer más rápida, transparente y objetiva la preparación de los proyectos para su licitación; la administración puede multiplicar por varios enteros las inversiones en proyectos de infraestructuras.
El resultado final de todo este proceso de modernización del sistema de provisión y financiación de las infraestructuras debe producir una participación privada en el presupuesto de inversión en infraestructuras, que supondrá un aligeramiento de las cuentas públicas, una verdadera modernización del cuerpo legal y normativo en la materia, la generación de empleo y actividad económica y una mejora notable de la movilidad de las personas y mercancías lo que vuelve a producir el sostenimiento del empleo directo e indirecto.
Resulta que el presupuesto de infraestructuras no es gasto, es inversión productiva, y como tal no debería reducirse de forma significativa y menos ahora, cuando es más necesaria que nunca la creación de actividad económica y puestos de trabajo.
