Si tenemos una inflación superior a la media europea también se debe --según dijo en Sitges (Barcelona) el vicepresidente Rodrigo Rato-- a que los gobiernos autonómicos tienen demasiada tendencia a ceder ante los intereses particulares, en una clara referencia a los comerciantes catalanes y a la oposición de CiU a flexibilizar más los horarios comerciales.

Ese diagnóstico del Gobierno del PP, que coincide con las tesis de las grandes multinacionales de distribución, no se ajusta demasiado a lo que revela una lectura pormenorizada del IPC. Las decisiones autonómicas no distorsionan en exceso el mercado español y afectan poco a los precios de los productos clave del IPC, que son la compra familiar para comer, vestirse o equipar la casa. Lo dicen los expertos en comparar estadísticas. Si la inflación española es del 4% y Cataluña está dos décimas por encima y Euskadi dos décimas por debajo (siendo las dos autonomías que más han regulado el sector comercial), es que los precios se disparan en España por otras causas. Y una de ellas son las facilidades dadas por el Gobierno del PP para que las multinacionales de la distribución tengan las manos tan libres para comprar y para fijar los precios de productos básicos.