Protestaba hace unos días la Concapa (Confederación Católica de Padres de Alumnos) por las posibles consecuencias de la implantación de la religión islámica en las escuelas, algo que planea la Consejería de Educación extremeña en cumplimiento del acuerdo de 1992 entre el Estado y la Comisión Islámica de España (CIE).

Según dicho acuerdo el Estado debe garantizar el derecho a recibir enseñanza religiosa islámica en centros educativos públicos y concertados. Veinticinco años después, esto se ha llevado a la práctica -y de forma insuficiente- en ocho comunidades (incluyendo Ceuta y Melilla), y tan solo en educación primaria (cuando la religión católica, en cambio, se imparte en infantil, primaria, secundaria y bachillerato).

¿A qué se debe, entonces, la queja de Concapa? No, desde luego, al acuerdo en sí. ¡Estaría bueno! Si la sociedad y sus representantes han decidido que la religión confesional tenga que estar presente, como opción, en la enseñanza pública (y concertada) -y no vamos a discutir eso ahora-, ¿por qué va a ser solo la católica y no todas las que el alumnado y sus familias demanden?

Lo que la Concapa parece temer son otras cosas. La primera es que la enseñanza del islam y otras confesiones pueda perjudicar a la que, como insisten, es «la religión mayoritaria en este país». Y la segunda, y más importante, es que se obligue a los colegios concertados católicos a aceptar a alumnos que no «compartan el proyecto educativo» del centro, es decir, a alumnos musulmanes (o de otras confesiones) que puedan demandar formación religiosa no católica.

En cuanto a lo primero nadie duda que la religión católica tenga más arraigo que las demás (islámica, protestante, judía), pero la exclusión de estas casa muy poco con el respeto a las minorías que exige la convivencia en una sociedad multicultural. En el caso del islam también conviene considerar otro argumento: los musulmanes que conocen su religión en la escuela (en el idioma del Estado y bajo un programa regulado por el BOE) no corren el riesgo de radicalización de los que buscan esa formación religiosa en las redes o en otros lugares fuera de control.

En cuanto a lo segundo existe cierta controversia legal. Si en el acuerdo con la CIE se afirma que la escolarización de niños musulmanes no debe entrar en contradicción con «el carácter propio» de los centros (pensando en los centros concertados católicos, que son la mayoría), en las leyes educativas de todo rango se establece la obligación de no discriminar a los alumnos por motivos religiosos, la garantía de formación religiosa para todos (sin especificar confesión), y la obligación de los concertados a plegarse a dichas leyes (especialmente a las normas relativas a la admisión de alumnos). La cosa, pues, parece clara.

Pero más allá de la controversia legal la pregunta interesante es si ofertar religión islámica es realmente inconciliable con el «carácter» de un centro educativo católico, como sostiene la Concapa. Yo creo que no. Si la formación católica es conciliable (según también la Concapa) con la formación científica y humanística de cualquier centro público no religioso, ¿por qué no va a ser conciliable con otra confesión religiosa en un centro, precisamente, de carácter religioso? ¿No parece más compatible el islam con el catolicismo que el catolicismo con la biología o las matemáticas?

De otro lado, aunque podamos discutir que el Estado, por mor de la pluralidad, deba financiar ciertos proyectos educativos alternativos, esta pluralidad ha de fomentarse también (y yo diría que sobre todo) «desde dentro», esto es: en cada escuela y en cada ciudadano formado en ella. No solo la pluralidad, claro, sino todos aquellos otros principios fundamentales (la no discriminación o el respeto a las minorías entre ellos) a los que se debe nuestro sistema de convivencia.

El Estado, en fin, no debe meterse en las creencias de cada cual, pero sí debe garantizar (en aras de la pluralidad y la libertad) que un alumno matriculado en cualquier centro público o concertado pueda elegir entre toda la gama de ideas y valores que nuestra sociedad permite, incluyendo los relativos a las distintas confesiones religiosas.