El no de los islandeses a las condiciones de devolución al Reino Unido e Irlanda de la deuda contraída por el banco Icesave ha puesto en un brete al Gobierno de la isla, que aspira a un ingreso relativamente rápido en la Unión Europea. El referendo del sábado, más que un reflejo nacionalista de la sociedad, constituye una descalificación global de los partidos y del liberalismo extremo, que hizo de Islandia una referencia de prosperidad y hoy constituye un ejemplo de manual de las secuelas de una economía dispuesta a asumir riesgos excesivos.
El complejo problema al que se enfrentan los votantes es que, sin cerrar este expediente, tienen pocas posibilidades de sacar al país del embrollo mediante la asistencia del FMI y el ingreso a paso ligero en la Unión Europea. Desde luego, los gobiernos británico y holandés, socios de la Unión, no aceptarán una adhesión de urgencia si antes no han acordado las condiciones de restitución del dinero --3.800 millones de euros-- que adelantaron a los ahorradores pillados en la quiebra del Icesave. Porque Islandia cumple la mayoría de las condiciones objetivas para el ingreso, pero debe dar pruebas de que en el futuro será capaz de responder a sus obligaciones internacionales.
