Resulta imposible no compartir el disgusto y la amargura de la mayoría de la sociedad española por la puesta en libertad --el pasado sábado de la cárcel de Aranjuez-- de un asesino múltiple como es el etarra Iñaki De Juana Chaos, tras cumplir 21 años de prisión por sus crímenes, entre ellos 25 asesinatos.
No obstante, un Estado de derecho exige que la ley deba ser igual para todos --este es, en definitiva, un principio que nos protege frente al poder-- y la excarcelación de este sanguinario terrorista cumple con los requisitos legales con los que fue juzgado y condenado en 1989, sin que quepa el recurso de hacer una excepción y apelar a supuestos efectos retroactivos de leyes posteriores mucho más duras con este tipo de delincuencia.
En realidad, De Juana debería haber abandonado la cárcel a finales del 2004, pero la polémica política forzó una nueva y polémica condena por amenazas terroristas que aplazó hasta ayer la excarcelación, lo que no ha evitado que ahora la polémica haya resurgido.
La sociedad española no tiene más remedio, sin embargo, que asumir, con dolor, que nuevas excarcelaciones de asesinos, etarras o no, se sucederán en el futuro (en realidad, ya se han producido muchas) a medida que los condenados cumplan las penas que les impusieron los jueces en aplicación de las leyes aprobadas por el Parlamento de nuestro país y de los beneficios de redención a los que han tenido derecho de acuerdo con el reglamento en vigor en el momento de ser encarcelados.
En los últimos años, las penas de prisión para estos crímenes se han incrementado y los beneficios penitenciarios anulado, pero eso solo puede aplicarse a los condenados tras esas reformas.
Otra cosa es que la justicia actúe con mayor eficacia para que las penas accesorias de responsabilidad civil se cumplan, persiguiendo la ocultación de bienes que llevan a cabo estos delincuentes para evitar indemnizar a las víctimas.
Esta persecución debería haberse iniciado mucho antes, desde el momento de la condena, sin esperar, como es el caso de De Juana Chaos (él asegura que se siente una víctima y despreció el circo mediático creado en torno a él), a la inminencia de su excarcelación, lo que traslada la impresión de que se está improvisando una respuesta al disgusto ciudadano.
El acuerdo alcanzado entre el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy (PP) para apadrinar juntos una reforma legislativa que impida a los etarras excarcelados vivir cerca de víctimas del terrorismo va en la buena línea, aunque llega tarde. No podrá evitar que esto ocurra con De Juana, a quien no se le podrá aplicar la medida con carácter retroactivo.
