El juez que instruye el caso Urdangarin ha terminado por imputar a la infanta Cristina , a la que llama a declarar el próximo día 27. Es la primera vez que en la preparación de esta causa, que ocupa ya 42.000 folios, el magistrado no coincide con el ministerio fiscal, sometido a la disciplina jerárquica y que se mantiene en su actitud inicial de no implicar a la esposa del duque de Palma. El juez José Castro , sin embargo, considera que llamarla como testigo sería demasiado problemático y acabaría por no contribuir al buen desenlace del caso. De manera que ha optado por imputarla, sin ir más allá, para que pueda comparecer debidamente asesorada para su defensa.

El auto dado a conocer ayer argumenta que la infanta no tuvo responsabilidad en la gestión del Instituto Nóos, pese a que fue vocal de su consejo de administración, ni en la firma Aizoon, de la que poseía el 50% y en la que además figuró como secretaria. El magistrado sostiene que, presumiblemente, la función de Cristina de Borbón, como la del también imputado Luis García Revenga , secretario de las dos infantas, era hacer ostensible una vinculación entre los negocios de Urdangarin y sus socios con la Casa del Rey; insinuar que sus operaciones gozaban del apoyo de la Zarzuela. El objetivo de esa estrategia, dice, era propiciar un "trato generoso" de empresas privadas y de las administraciones públicas.

El auto alude a los argumentos de algunos imputados --más exactamente, de la esposa de Diego Torres -- en el sentido de que la infanta recibía un trato de favor en la instrucción. Si en el primer momento en que Manos Limpias solicitó la imputación de Cristina de Borbón el juez no veía la necesidad de hacerlo, los correos electrónicos que ha aportado el antiguo socio de Urdangarin aconsejan que la infanta pueda defenderse. Castro cree que en estas circunstancias, no imputarla sería tanto como negar que la justicia es igual para todos. Es una forma de tomar la palabra al Rey, que en su discurso de Navidad del 2011 pronunció esa misma frase.

Y, efectivamente, a pesar de que se trata de un caso de una gravedad histórica por sus repercusiones de todo tipo, también es una oportunidad para demostrar el buen funcionamiento de las instituciones, ante las que todos, incluidos los miembros de la familia real, pueden demostrar su inocencia.