El nivel del abuso que hace el Gobierno de la ley de acompañamiento de los Presupuestos constituye probablemente la agresión más frontal al espíritu democrático que se ha producido aquí desde el año 1975. Porque se utiliza una normativa razonable, creada con el objetivo de posibilitar que los gobiernos ejerzan con el necesario margen de libertad su responsabilidad de elaborar los Presupuestos del Estado, para despojar al Parlamento de su derecho --y obligación-- de debatir ante la opinión pública las políticas sobre materias de alto valor estratégico. El abuso afecta ahora al diseño del futuro del sector audiovisual español. En vez de hacer ese diseño tramitando una ley, el PP implanta un modelo sin debate. Por esa vía, impone a su libre albedrío, sin un trámite parlamentario racional, cómo serán las televisiones generalistas y las locales, fija limitaciones a las autonómicas y decide unilateralmente la obligatoriedad de la tecnología digital para determinados usos. Todo eso, utilizando la mayoría absoluta en el Senado, que es donde ha realizado la jugada, es una especie de golpe de Estado legal en una materia tan delicada para los equilibrios y contrapesos de la democracia como es la esfera mediática. Grave, gravísimo.
