Dos centenares de letrados de los bufetes más importantes y caros de España van a estar ocupados a lo largo del próximo año en la defensa de los 95 políticos, empresarios y abogados acusados en el macrojuicio del caso Malaya, que ayer se inició en Málaga. Se trata del proceso de corrupción urbanística más importante de la historia de España, un caso de cohechos, prevaricaciones, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales tan complejo y profundo que llevó al Gobierno a disolver el Ayuntamiento de Marbella, algo que jamás había ocurrido en este país. Lo que sí ha seguido ocurriendo es el descubrimiento de nuevos casos de corrupción a través de las recalificaciones urbanísticas y de contratas públicas. La previsión es que las sesiones del primer mes se destinen a cuestiones previas. Las defensas destinaron su primera jornada a pedir, sin éxito, la anulación del proceso por defectos de forma. Es normal que lo intenten, como lo es que sus defendidos tengan un juicio justo y una instrucción ajustada a derecho. Ahora bien, si por la razón que fuera las defensas consiguieran salirse con la suya y ganaran un retraso en la vista del caso o su anulación --en cuya instrucción se han invertido cuatro años y medio--, se estaría dando un ejemplo catastrófico. Algunos de los acusados son famosos y llenan todavía espacios en ciertas cadenas de televisión como si sus vidas fueran ejemplares. Solo faltaría que ahora aparecieran como gentes capaces de echar un pulso a la justicia.
