WLw a vista oral que se inicia hoy en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra el lendakari Ibarretxe y los dirigentes socialistas vascos Patxi López y Rodolfo Ares es, lisa y llanamente, un despropósito que interfiere en la labor de los políticos democráticos. La causa se inició a instancia de un par de asociaciones civiles, porque esos políticos electos se habían entrevistado con una delegación de la ilegalizada Batasuna durante las frustradas negociaciones de paz con ETA. A pesar de que el fiscal no acusa --solo lo hace la acusación particular--, yde que existe jurisprudencia del Supremo en contra de que la justicia intervenga en el control de los actos políticos del Ejecutivo (e Ibarretxe forma parte de un ejecutivo); a pesar de muchas otras consideraciones sobre la inoportunidad e improcedencia de abrir el juicio oral, los jueces encargados de esta causa han seguido adelante, e imputan a los acusados un supuesto delito de "colaboración necesaria a la desobediencia" (de Batasuna) al Tribunal que la ilegalizó. Y por si faltaba poco, el juicio coincidirá con la campaña electoral vasca con los dos principales candidatos a lendakari --Ibarretxe y López-- sentados en el banquillo y con una condena pendiendo sobre sus cabezas incluso después de celebrados los comicios. La imagen tradicional de que la Justicia es ciega y el argumento de que no puede estar sometida a razones de oportunidad política no son de recibo en el caso que nos ocupa. Los antecedentes más bien inducen a pensar que la Justicia ha actuado con un ojo al descubierto y calculando la mejor oportunidad para pasarle factura al nacionalismo vasco.
