El Supremo ha solicitado el traslado de los principales acusados por los hechos del octubre del 2017 en Cataluña a Madrid. Se inician así los preparativos para el juicio oral contra Oriol Junqueras, el resto de miembros del Gobierno de Carles Puigdemont que no han eludido la acción de la justicia y los presidentes de la ANC y Òmnium, acusados de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de fondos públicos. Este proceso judicial está lleno de excepcionalidades, motivadas por la gravedad de los hechos imputados a quienes pretendieron (o fingieron pretender) una alteración del marco político y jurídico saltándose las normas aceptadas por todos. La Sala Segunda, presidida por Manuel Marchena, debe dirimir hasta qué punto este propósito anunciado por quienes se sentarán en el banco de los acusados se llevó a cabo, y si emplearon medios ilícitos. Con el juicio oral se acaba el tiempo de los indicios y de las acusaciones para abrir el de las evidencias y el de las sentencias, que en ningún caso pueden prejuzgadas. Lo excepcional siempre es muy atractivo para convertirlo en espectáculo. Y en este juicio casi todas las partes tienen o pueden tener tentaciones de hacerlo. La expectación mediática puede sin duda alterar el desarrollo de una vista en un tribunal que habitualmente trabaja en el anonimato. Marchena deberá combinar el derecho a la información con el respeto a las normas procesales, tanto por parte de las defensas como de las acusaciones. Las primeras, porque es sabido que parte del independentismo afronta el juicio más como trámite antes de acudir a la justicia europea que como el escenario donde aclarar toda la verdad. Y la acusación popular, encarnada por Vox, aprovechará la expectación mediática para emplear la vista como trampolín electoral. La oposición en el Congreso va a mirar con lupa cada acto, cada palabra y cada gesto de la fiscalía y de la Abogacía del Estado. Y las fuerzas independentistas, en plena negociación de los presupuestos, trasladarán las vicisitudes procesales a la arena parlamentaria.
La Sala Segunda lo tiene muy difícil para alcanzar su principal objetivo: celebrar un juicio que sea percibido como justo y garantista tanto por la comunidad internacional como por los acusados y sus simpatizantes, empeñados en desprestigiar a la justicia para minar la credibilidad del Estado, amén de la otra mitad de los catalanes y la mayoría de los españoles. El reto, pues, es reconducir lo excepcional a la normalidad jurídica y política.
