Quienes consideran que los jueces pueden hacer impunemente lo que les da la gana y que no necesitan explicarse cuando adoptan una decisión es lógico que ni entiendan, ni defiendan su independencia.

No me dirijo a ellos, tampoco a quienes saben que no es así. Me dirijo a los que dudan. Imagine el lector que mañana viese su imagen reproducida en televisión y no para destacar sus méritos, sino para ilustrar este titular: "La policía averigua la identidad del peligrosísimo violador etc, etc, etc." Imagine también el lector de sí mismo que pasado mañana, cuando esté entrando esposado por la puerta de los juzgados de Cáceres, algunos le griten: ¡¡criminal!!. A la vista de esas imágenes muchos se sumarán al coro desde sus casas. Otros lo corroborarán desde los medios sin más esfuerzo que el de mover la lengua. Todos pedirán justicia (lo mismo que usted y su familia, solo que con más ruido). Si ese juicio paralelo y sumarísimo, basado en opiniones de opiniones, en fuentes generalmente bien informadas, en el sentido de la justicia que todos tenemos ("hay que condenar al culpable") o en la versión de una sola parte, influyese en el juez, este debería ser el primero en entrar en la cárcel como corresponde a un títere prevaricador.

Si usted estuviese en Francia, Alemania o Austria, se libraría al menos de ver las imágenes de su juicio en los medios de comunicación social. Pero el juicio paralelo, con toda su indecencia e ignomina - véase el caso de Dolores Vázquez , la mujer condenada por el asesinato de Rocío Waninkof por un jurado y luego declarado nulo el juicio y absuelta por el Supremo- es juego de niños comparado con el perpendicular. Aquel, más propio de los hinchas del fútbol que gritan ¡penalti¡, sirve esencialmente para descalificar a quien se aparte de la verdad socializada. Con el "juicio perpendicular" lo que se pretende es menoscabar la división de poderes.

Corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) velar porque esto no ocurra. El día 18 de junio de 2009 las Cortes de Castilla La Mancha adoptaron una decisión insólita en la historia de nuestra democracia. Comoquiera que algunos altos cargos políticos han sido imputados -junto con otras personas- por la tragedia del incendio de Guadalajara, deciden instar a los abogados de la comunidad autónoma a que recurran la decisión de la instructora y todo ello, tal y como deriva del diario de sesiones, denostando la diligencia profesional aquella. Se dice literalmente (pag 23 del diario de sesiones ): "la jueza no es consciente, realmente, de la repercusión que su decisión ha tenido" (vamos, que no ha conectado con los políticos que discrepan de su criterio, ni ha aspirado el polvo del camino). Una cosa es la libertad de expresión, incluida la valoración política de las decisiones judiciales y otra cosa bien distinta es esto. Si los parlamentos pudiesen decidir a quién conviene o no juzgar, por qué hechos y que buen juez es el que está sintonía con las ideas dominantes, sería porque no estaríamos en un estado democrático sino en una dictadura de la peor especie. De la peor, pues muchos no terminarían de verlo claro.

El día 26 de abril de 1942, en la última sesión del Gran Reichstag, Hitler afirmó con solemnidad: "Depondré a los jueces que se muestren claramente incapaces de darse cuenta de cuales son las exigencias del momento". Ninguno de los poderes sobre los que el Judicial ejerce funciones de control pueden fiscalizarle a su vez; así lo vio Montesquieu. Como hace tiempo que se anunció su muerte esto dijo uno de los que festejaron su entierro: " ...nuestro sistema se distingue y aventaja de la errónea teoría de la separación de poderes y de la teoría de la independencia del poder judicial". "Menos mal, decía Sverdlov en la URSS, que en nuestro país los poderes Legislativo y Ejecutivo no están separados por un muro infranqueable como ocurre en Occidente, así todos los problemas pueden resolverse con rapidez, especialmente por teléfono" (en la obra ´1918 - 1922 En cinco años´).

Mala cosa para la democracia cuando empiecen a sonar los teléfonos de los jueces. Algunos, abatidos temiendo la respuesta, se preguntan: ¿Quién juzga a los jueces?. La cosa no es para tanto: ¿Quién corta el pelo al peluquero? ¿Quién opera al cirujano enfermo?. Teniendo buenas leyes y personas honradas que las defiendan no hay problema. Es lo que los españoles decidimos en 1978 cuando aprobamos nuestra Constitución, y de ahí deriva la legitimación democrática común de gobernantes, legisladores y jueces.