XLxas decisiones sobre educación son, además de técnicas, decisiones políticas, como lo son también un plan de urbanismo, una reforma fiscal, un plan de carreteras o una reforma laboral. Por eso existen diversidad de propuestas y se puede llegar a acuerdos y pactos entre los diversos partidos. Ahora bien, cuando la educación es el campo de batalla ideológico y se legisla más en contra del otro que basándose en la sensatez y el beneficio de la comunidad educativa, no puede salir nada bueno. Eso es lo que ha sucedido con la Ley de Calidad, que es una contra la LOGSE, y la contrarreforma de esa pretendida Ley de Calidad que propician algunas comunidades autónomas.
La ministra, quizá distraída al tener que mirar de reojo a la enseñanza privada, ha demostrado su ignorancia del concepto de evaluación continua. Por nuestros lares, puesto que el encargado de la cosa parece mudo, han tenido que hablar lenguas siempre proclives a salir de paseo para demostrar que la demagogia no es patrimonio de nadie y que todos cometemos errores. Mientras tanto, quienes mejor saben de qué va el asunto, los profesores, siguen sin ser consultados.
Una educación obligatoria pretende conseguir que todos los ciudadanos adquieran los conocimientos, hábitos, técnicas y actitudes que se consideran imprescindibles para el hombre de hoy. Para ello, los profesores diseñan unos programas que se supone están al alcance de cualquier alumno normal. Ahora bien, como es utópico situarse en el mejor de los mundos, aquél en el que todos los profesores son excelsos comunicadores y eficaces motivadores y todos los alumnos son propensos al esfuerzo y están deseosos de aprender, es necesario establecer mecanismos que ofrezcan la oportunidad de completar su formación y acumular los conocimientos necesarios a quienes no logran los objetivos previstos.
Pretender solucionar estos problemas mediante un examen es ignorar lo que se tiene y lo que se pretende. Un examen puede dar fe de que se ha conseguido acumular conocimientos, pero no dice nada del resto de los objetivos que se consideran necesarios en esta etapa formativa.
Por otra parte, la prolongación del curso durante unos días, aparte los problemas de funcionamiento que originaría, no parece suficiente. Si por imperativos legales es preceptivo implantar un examen, vuélvase al examen de suficiencia, que, como se sabe, no solucionaba nada. Así pues, será necesario ofrecer una ayuda especial a quienes, por circunstancias sociales, familiares, de capacidad intelectual..., nos indican a lo largo del curso que no podrán superarlo.
Puesto que entre septiembre y junio hay muchos meses, probablemente sería conveniente pensar en reformar al alumno con acompañamiento psicológico, ayuda tutorial y clases de apoyo a lo largo del curso escolar. Una solución que exige mayor inversión en medios y profesorado, pero que estaría más de acuerdo con el espíritu y la letra de la LOGSE.
Otra solución consistiría en rebajar los niveles de exigencia, pero eso es imposible porque ya no queda margen.
*Profesor
