La huida de dos niños rumanos, hermanos de 10 y 8 años, del centro de menores San Juan Bautista de Badajoz, donde se encontraban en régimen de acogida, ha causado un gran revuelo fundamentalmente porque la Junta manifestó que se fueron del centro porque "decidieron marcharse" después de decir que salían a comprar chucherías. Los niños, junto con un hermano de 22 meses de cuya tutela se ha hecho cargo el Gobierno regional, se encontraban en el centro porque pertenecen a una familia cuya madre había sido denunciada por malos tratos a una nieta. Estos hechos ocurrieron antes de que esta historia sórdida terminara en tragedia, puesto que esa nieta murió luego de una paliza, presumiblemente infligida por sus padres.
Los niños, por tanto, estaban en el centro de menores porque necesitaban protección. Es difícil de entender que esa protección se pudiera romper únicamente porque "decidieran marcharse".
Lo ocurrido con estos niños rumanos es un fracaso de la Junta: los llevó a Badajoz para protegerlos y éstos han vuelto con lo que es la causa de su desprotección: su familia. La consejera responsable afirma que actuaron bien. Se equivoca a la vista de los hechos. Actuaron con buenas intenciones --"un centro de acogida pretende parecerse a una casa familiar y en ésta a los niños no se les impide salir", han venido a decir--, y se enfrentaron a los esquemas mentales de unos niños extranjeros, nacidos en una familia cuyo modelo no es el común (su madre tuvo su primer hijo a los 16 años) que deja descolocados a cualquiera, pero hay que hacer autocrítica y reflexionar sobre si la seguridad y vigilancia han sido adecuadas. Y no porque los niños se escapen, sino porque vuelven al nido del maltrato.
