WLw a sentencia dictada por un tribunal de Buenos Aires, que ha condenado a cadena perpetua a un exgeneral y a penas de entre 8 y 25 años de cárcel a otros cuatro exoficiales de las fuerzas armadas y a un expolicía, da la justa medida de las barbaridades cometidas por los matarifes de la dictadura militar que se adueñó del país en 1976. El delito de secuestro y asesinato por empalamiento de un adolescente comunista es el primero que se esclarece en el llamado megaproceso de Campo de Mayo, que pretende dilucidar las responsabilidades derivadas de la desaparición de 500 opositores. Y es también el primero que se beneficia de la derogación de las leyes de perdón --el exgeneral fue liberado gracias a ellas--, aprobadas bajo la presión de los uniformados.
Sin esta derogación, ejemplar a todos los efectos, no hubiese sido posible llegar otra vez hasta el nido de la serpiente. Por el contrario, los responsables de la tragedia habrían quedado impunes, cuando no rehabilitados, y de paso no se hubieran visto obligados a retratarse, como ha hecho el exgeneral condenado al considerar un "concepto foráneo" los crímenes de lesa humanidad. Tan importante como esto es la lección que da la justicia argentina: contra lo que pretendieron en su día los verdugos, el paso del tiempo no diluye las responsabilidades. A lo que hay que añadir que la reconciliación debe cicatrizar las heridas de la tragedia, pero no puede ser una coartada para la amnesia histórica, que ofende la memoria de las víctimas y evita a los victimarios atenerse a la obligación moral y cívica de dar explicaciones y reparar así en lo posible el daño causado.
