WLw a pavorosa crisis económica y financiera que sufrimos no debería autorizar a que el Estado fuera insensible a cualquier reclamación justa de empresarios o trabajadores por el afán recaudatorio para paliar el descenso de ingresos y reducir el déficit. Este objetivo es loable, pero no puede conseguirse a cualquier precio. De ahí la queja que las asociaciones que representan a los autónomos plantean al Gobierno por su negativa a permitir que estos pequeños empresarios ingresen el IVA a Hacienda una vez hayan cobrado sus facturas y no antes, adelantando el importe, como ocurre ahora. Los autónomos argumentan, con razón, que es injusto tener que pagar "con unos recursos que aún no han recibido". Se calcula que el adelanto asciende a 1.800 millones de euros.
Para satisfacer a los autónomos, la oposición ha presentado diversas iniciativas parlamentarias que han sido desestimadas o están sometidas a los interminables retrasos de las ampliaciones de plazo para la presentación de enmiendas, una manera de dilatar el proceso cuando no hay voluntad de aprobar una modificación legal. En realidad, lo que ocurre es que el Gobierno se niega a cambiar la ley y sus argumentos no parecen nada convincentes. Asegura que habría problemas de control y de recaudación y una disminución de ingresos, cuando de lo único que se trata es de cambiar el sistema de tributación.
