Si la justicia es lenta, no es justicia", dicen los magistrados progresistas. Lo mismo piensa la mayoría de la gente que conoce de primera mano las eternidades del papeleo judicial en casos tan ordinarios como, por ejemplo, los robos de pertenencias personales. La solución al problema puede llegar de la mano de los llamados juicios rápidos --con plazos de resolución de días o pocas semanas-- que el Gobierno anuncia con autobombo, escondiendo que son consecuencia de un pacto de Estado entre el PP y el PSOE y adelantándose al posible protagonismo que puede tener en la campaña de las municipales la denuncia de la inseguridad ciudadana.

En España hay jueces preparados para celebrar juicios rápidos. Pero esas vistas no tendrán plenitud de garantías jurídicas para los acusados mientras esos jueces no dispongan de los medios materiales y del personal de apoyo necesarios para ese sistema. Y esto de momento brilla por su ausencia. Puestas las cosas así, lo que tenemos delante es poco más que una entelequia propagandística del Gobierno. Si no se corrige inmediatamente, la ilusión que ha creado este anuncio se convertirá en decepción popular, juicios injustos y crecimiento de la tensión en el ámbito judicial.