TTtodo empezó cuando los partidos políticos subvirtieron el espíritu de la Constitución de 1978 para dinamitar la división de poderes y controlarlos todos ellos: el ejecutivo, el legislativo, el judicial... e incluso el divino, si estuviera en sus manos. De ahí a que un magistrado del Tribunal Constitucional esté afiliado al partido que luego lo aupará a la presidencia no media abismo alguno; es un proceso natural.

La Carta Magna exige mayorías cualificadas en las Cortes para elegir a los integrantes de órganos institucionales como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal de Cuentas. Pensaron los constituyentes --y el resto de los españoles, en su candor-- que si los nombramientos de magistrados, vocales y consejeros requerían un amplio consenso, y si además sus mandatos rebasaban la duración de las legislaturas parlamentarias, quedarían garantizados los contrapesos institucionales, siguiendo el principio anglosajón de 'checks and balances'.

Pero hecha la Constitución, hecha la trampa: los partidos no tardaron en pervertir las mayorías cualificadas mediante un grosero reparto de cuotas. Era un pacto de caballeros similar al de la Restauración:

--Dos para ti y tres para mí, que para eso te he ganado las elecciones.

--Vale, vale, pero cuando te las gane yo cambiamos, ¡eh!

Y, cómo no, pronto los caballeros dejaron de serlo. Cuando uno perdía el poder se atrincheraba en la institución bajo su control, bloqueaba su renovación, promovía en el Supremo a jueces afines, recusaba arteramente a magistrados patrocinados por el adversario, legislaba a golpe de sentencia... Y en estas llegó Francisco Pérez de los Cobos para, carnet del PP en mano, ocupar la presidencia del Constitucional. Lo dicho, un proceso natural.

Tanto, que los magistrados del alto tribunal han interpretado, leales al jefe, que la ley no les prohíbe militar en un partido --como sí hace con los jueces--, aunque sí dirigirlo. Una lástima, porque si el portavoz de justicia del PP fuera a la sazón ministro de Justicia y presidente del Constitucional nos ahorraríamos tiempo, dinero y principios.