En el álbum de los juicios pendientes existen cromos que no acaban de salir. Cuando anunciaron la colección, acudimos a comprar los sobres como los niños ingenuos que éramos entonces. Y cada tarde, nos plantábamos delante del quiosco esperando rellenar huecos en el papel satinado que no acababa de cubrirse nunca.

Con el tiempo, como pasa con todo, acabamos por perder interés y dejamos en el camino los cromos olvidados, rectángulos con fotos que ya no eran actuales. Sin hacer ningún esfuerzo, recuerdo las indemnizaciones que aún no han cobrado las víctimas del accidente de Spanair o del Yak-42, el atentado de Atocha, el caso GAL, Bankia, Gürtell... tantas y tantas colecciones empezadas que no han podido terminarse nunca. Cada poco tiempo, quizá para jugar con la esperanza, asoma un conato de justicia, y se emprenden juicios que acaban enredados en bucles sin sentido. Cuándo nos saldrán Urdangarín o Bárcenas, o el juicio del ERE de Andalucía y cuánto costó el despilfarro de Feval.

Este lunes, el Rey ha inaugurado un año judicial con más de 1.700 causas pendientes por casos de corrupción política y financiera. Jueces y fiscales piden más medios y menos interferencias, mientras que unos y otros se echan la culpa de la increíble lentitud de la justicia en España. Los funcionarios acusan a Gallardón, la agencia tributaria se ve incapaz de emitir informes, la policía se desespera y nosotros contemplamos cómo pasan los años y el álbum no se completa, siempre a la espera de un último cromo, ese en el que la Justicia deje de cruzar los brazos, tome la balanza y vuelva a ponerse la venda sobre la mirada perpleja.