Agotados ya de tantas elecciones, campañas electorales y la precampaña permanente que vivimos desde hace años, uno esperaba que por fin alguna formación política reparase en la necesidad de una urgente reforma de la administración de justicia. Pero seguimos igual. Ni fue mencionada en la última campaña ni parece que nadie la haya puesto sobre la mesa de unas negociaciones que deberían evitar unas terceras elecciones.
Mientras tanto, más de un 29% de la carga de trabajo atendible por nuestros órganos judiciales quedó desatendida en el 2014, según un informe de Wolters Kluwers recientemente publicado. Nuestro sistema judicial sigue disponiendo de pocos recursos humanos con respecto al resto de países europeos, que registran una media de 21 jueces por cada 100.000 habitantes mientras que en España la proporción es de 11,2. Esto provoca que la duración media de un procedimiento civil en primera instancia sea de 272 días frente a los 238 de promedio en los países de la OCDE, y que en España se precise una media de 510 días para resolver un conflicto comercial mientras que en Alemania se resuelve en 429 días y en Francia en 395.
Es cierto que España ha mejorado ostensiblemente en los últimos años su posición en el ranking anual Doing Bussines, del Banco Mundial, que mide el grado de cumplimiento de los contratos o la eficacia en los procedimientos de resolución de insolvencias. Pero también lo es que el último informe sobre la actividad de la justicia en España señala el porcentaje de ejecución de sentencias en un triste 38,6% del total. Un dato que sin duda desincentiva a autónomos y pequeñas empresas de acudir a los tribunales para reclamar sus derechos.
Comparar la administración de justicia con la de la sanidad, por ejemplo, provoca un inevitable sentimiento de sana envidia. No hace mucho, la sanidad era otro servicio público esencial que estaba prácticamente abandonado en España. Hoy en día la sanidad española garantiza un servicio de calidad universal y es uno de los mejores de Europa, hasta el punto de que son muchos los extranjeros que se instalan aquí para poder ser atendidos en nuestros hospitales.
Solo reconociendo la estrecha relación que tienen el funcionamiento de los tribunales y el crecimiento económico de un país (véanse los informes del Banco de España) sería suficiente para hacer reflexionar a todos los grupos políticos en liza, en este nuevo período legislativo que tanto tarda en comenzar, sobre la necesidad de abordar seriamente y de una vez por todas la pésima situación de nuestra justicia, una administración pública esencial que está absolutamente saturada, con bajas sin cubrir por falta de presupuesto, donde a menudo se aprueban reformas que no cuentan con los medios suficientes para ser puestas en práctica y que depende demasiado del voluntarismo y el constante esfuerzo de unos jueces y funcionarios que tampoco ven reconocidos esos méritos.
Sería injusto no reconocer el esfuerzo reformista, a veces apresurado y poco debatido, del Ministerio de Justicia. Pero las múltiples reformas de nuestras leyes sustantivas no provocarán sin más un verdadero cambio ni generarán confianza en quienes legítimamente acuden a los tribunales a ejercitar sus derechos. El correcto funcionamiento de un mercado económico necesita buenas leyes y adecuados mecanismos de control que garanticen judicialmente su cumplimiento.
Uno se aburre al comprobar que las menciones acerca de la justicia que se realizan en la mayoría de los programas electorales quedan reducidas a cuestiones más políticas que otra cosa, como por ejemplo las constantes referencias a la necesidad de reforma del sistema de nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Señores políticos: lo que realmente preocupa a los ciudadanos no es eso, sino algo muy distinto, como poner fin a esa insufrible lentitud a la que también --y eso es lo más preocupante-- casi todos nos hemos acostumbrado.
El resultado de las últimas elecciones ha provocado una vez más la urgente necesidad de pacto entre los partidos si no queremos vernos envueltos muy pronto en otra convocatoria electoral. Confiemos en que una de las materias programáticas objeto de pacto sea la justicia y la urgente necesidad de reformarla. Pónganse de acuerdo sobre el modelo de justicia que queremos, consulten a los expertos y después no olviden poner los medios necesarios para que las reformas puedan ser puestas en práctica. Nuestra administración de justicia no puede esperar más.
