Revocando una sentencia rotundamente condenatoria, Ana Botella, exalcaldesa de Madrid por el Partido Popular, y siete secuaces, han sido absueltos de tener que pagar 22 millones al ayuntamiento por un peculiar Tribunal de Cuentas -en el que dos de sus tres miembros son afines al PP- por la venta, mediante un procedimiento ilegal, de vivienda pública en medio de una profunda crisis --cuando era más necesaria- a un fondo especulador extranjero y a un «precio inferior al mínimo posible», impidiendo la compra a sus inquilinos que fueron despiadadamente expulsados de sus casas por la implacable maquinaria capitalista. Botella, además de mentir garantizándoles que no habría ningún cambio excepto el de propietario, los arrojó a los pies de los caballos.
Y Almeida, nuevo alcalde madrileño del PP, decide no recurrir esta lacerante y arbitraria expulsión de sus vecinos que además supuso un enorme quebranto a las arcas municipales.
Si el Supremo no repara semejante abuso, la justicia quedará muy dañada.
