WLwa aprobación por el Gobierno del Plan Nacional de Asignación, en aplicación del protocolo de Kioto por el cual las industrias que emiten gases de efecto invernadero tendrán unos derechos de emisión dentro de un cupo correspondiente a cada sector, ha irritado a las empresas, puesto que supone un gasto más. En Extremadura hay ocho industrias que tendrán que observar las obligaciones que impone el citado protocolo. Las más afectadas --son las más grandes--, son la siderúrgica y la cementera del Grupo Gallardo, que se calcula que tendrán que desembolsar más de 12 millones de euros. La corporación jerezana ha expresado a este periódico su preocupación porque Kioto compromete sus planes de expansión. Su malestar es entendible, como también lo es su queja de que Kioto quedará en nada si el compromiso de cumplirlo no es planetario, porque para la atmósfera no hay aduanas y de poco servirá que en Europa se hagan esfuerzos por no deteriorar más el medio ambiente si en Marruecos, es decir a 14 kilómetros de nuestras costas, cada cual contamina a sus anchas. Sin embargo, Kioto hay que cumplirlo cueste lo que cueste porque aquí no se está jugando con puestos de trabajo ni con el ritmo del progreso, sino con el futuro de las próximas generaciones.
