La reciente concentración de más de 3.000 guardias civiles uniformados en Madrid para protestar por el retraso en el reconocimiento de derechos que el PSOE prometió en la campaña electoral del 2004 más parece un grave patinazo de los convocantes que una medida de protesta sabiamente calibrada. Vaya por delante que una cosa es tener razón y otra muy distinta saber mesurar justamente los medios para defender la posición de cada cual. Al decir de uno de los más ilustres especialistas en el tema, además de intelectual comprometido con la desmilitarización, el portavoz parlamentario del PSOE y jurista de prestigio, Diego López Garrido , autor de la magnífica obra La Guardia Civil y los orígenes del Estado centralista , este cuerpo armado se desarrolla como un formidable instrumento de centralización cuando el Ejército compite con el poder civil por encarnar autónomamente la voluntad y representación nacionales. Nació y se desarrolló al servicio del Estado, más que al servicio de la sociedad civil.

Así, tuvo desde sus orígenes un carácter generalista, abarcando todas las funciones de un cuerpo de seguridad tal como se entendían hace un siglo: detención de los delincuentes, intervención en emergencias, ejecución coactiva de las órdenes y las leyes superiores, mantenimiento del orden público. Pero hoy, cuando el Estado de las autonomías ha sucedido al Estado centralista y se ha creado el espacio europeo de libertad, justicia y seguridad, ¿qué clase de Guardia Civil necesitamos? Se hace imprescindible una actualización del cuerpo, adecuándolo a la situación actual. Un proceso que el PSOE asumió hace años y que viene desarrollando de modo prudente y eficaz en los meses recientes.

No hay que olvidar que existen multitud de obstáculos ante un tema tan complejo. Sin ir más lejos, a los ojos del Partido Popular, una de las consecuencias del proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas era la hipotética remilitarización de la Guardia Civil. En efecto, con arreglo a un proyecto de real decreto que impulsó el entonces director del cuerpo, Santiago López Valdivielso , la Benemérita no solo desempeñaría misiones militares en tiempo de guerra o durante el estado de sitio, sino también en tiempo de paz. La causa era la profesionalización de las Fuerzas Armadas y la consiguiente reducción de su número de agentes (no hay que olvidar que la Guardia Civil cuenta con unos 70.000 profesionales, tantos más o menos como la dotación de las Fuerzas Armadas al cierre del 2006, unos 78.058). En conclusión, se trataba de que la Guardia Civil fuera no solo un Ejército de reserva, sino sobretodo una especie de segundo Ejército.

Frente a esta visión conservadora, en abril del 2005 el PSOE y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), con 23.000 socios entre los 70.000 miembros del cuerpo, pactaron acelerar el cumplimiento del programa electoral, avanzando hacia la progresiva desmilitarización a largo plazo del instituto armado. Ello comportó, además, un hecho insólito: que la AUGC fuera reconocida por el PSOE y por el Gobierno como "un interlocutor válido" para negociar. Gracias a ello, la directiva de la entidad se reunió reiteradamente con el PSOE, el Grupo Socialista en el Congreso, el secretario de Estado de Seguridad y el director general de la Guardia Civil para plantear y negociar medidas.

Los contenidos del acuerdo abarcaban desde la atribución en exclusiva al Ministerio del Interior y a los mandos de la Guardia Civil de las competencias sancionadoras, evitando los arrestos de la justicia militar, hasta la regulación del derecho de asociación de la Guardia Civil para la representación y promoción de las condiciones profesionales de sus miembros, pasando por la homologación salarial (ejemplo de ello es que un Guardia Civil con 30 años de experiencia cobra 1.422 euros netos, frente a un policía municipal de Málaga con un año en el cuerpo que dispone de 2.246 euros, es decir, 823 euros más). Para eso se creó un grupo de trabajo entre Interior y las asociaciones. Todo ello conlleva una "progresiva civilización del cuerpo", como denominaron al proceso entonces ambas partes. Estas medidas cuentan además con el respaldo del sindicato europeo de policías, Eurocop, que considera que la desmilitarización de las policías debe ser un proceso armonizado en toda la Unión Europea, entre otras cosas por la evolución del crimen organizado y de la situación geoestratégica de España en el Mediterráneo.

Pues bien, el proceso felizmente está en marcha, y el Gobierno afirma por boca de su vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega , que mantiene su compromiso en relación con el anteproyecto de ley del régimen disciplinario de la Guardia Civil. Es más, parece, según la prensa, que los agentes incluso tenían permiso para manifestarse, pero a pesar de ello no advirtieron de que irían de uniforme, lo que puso en un grave aprieto al Gobierno, obligado a cumplir y hacer cumplir la normativa. En fin, alguien --quizá con otros intereses-- tensó la cuerda en exceso y ahora ésta amenaza con romperse, más aún si la directiva de la AUGC es expulsada del cuerpo. Sería razonable destensar la cuerda y reconducir el tema hacia una "progresiva civilización del cuerpo", en palabras de las propias partes implicadas.

*Profesor de Derecho Administrativo