WLwas medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros para estimular la economía y aumentar la recaudación fiscal van en la dirección de los deberes puestos por la Unión Europea a los países con mayor déficit.

El adelanto en el pago del impuesto de sociedades, acogido con disgusto por los partidos conservadores, y el recorte en el gasto farmacéutico, que no debe perturbar a los usuarios de este servicio si impera el sentido común, son medidas de apoyo a la austeridad de los presupuestos del Estado y al recorte acelerado de los números rojos. La reducción del IVA para la compra de vivienda nueva del 8% al 4% intenta animar el mercado inmobiliario, en estado catatónico desde el inicio de la crisis, a través de una medida destinada a estimular la demanda y a generar una oferta que sea más competitiva.

¿Puede decirse, una vez más, que el Gobierno apuesta por el ladrillo? Más parece que de lo que se trata es de agitar la bolsa de las 600.000 viviendas acabadas que, según los cálculos más contenidos, están a la espera de encontrar un comprador.

La reducción del IVA no será un curalotodo mágico para el sector de la construcción, pero si no se toma ninguna medida, la atonía continuada del mercado no hará más que desvalorizar el parque inmobiliario, con un grave perjuicio para los propietarios, que observan cómo cae sin parar el valor de la vivienda que compraron en su día, y agudizar la devaluación del patrimonio de las empresas promotoras y, sobre todo, de las entidades de crédito, por más juegos de manos que se quieran hacer.

El adelgazamiento de la cartera de viviendas en manos de bancos y de cajas de ahorro es una condición sine qua non para que surtan efecto las operaciones de saneamiento que están en curso y, de paso, para que crezca la recaudación tributaria que persigue el Gobierno. Sin este incremento asociado a la dinámica del mercado, la reducción del déficit solo puede lograrse mediante recortes en el gasto o la fijación de nuevos impuestos. Digan lo que digan los portavoces del Partido Popular cuando acusan al Gobierno de moverse con afanes meramente recaudatorios.

En todo caso, la reacción en caliente de los populares, con la vista puesta en las elecciones generales del 20 de noviembre, promete un debate de convalidación animado el próximo martes en el Congreso. Pero sin secretos que desvelar: la abstención tanto de CiU como del PNV garantiza la aprobación de las medidas.