El caso Roldán fue el más grave de los que surgieron en la fase terminal del Gobierno de Felipe González. Que el director general de la Guardia Civil resultara ser un corrupto y que, además, se diera a la fuga fue un golpe terrible para la credibilidad de aquel Ejecutivo socialista. El entonces ministro del Interior, Antoni Asunción, dimitió de inmediato. Y muchos creen que González se equivocó al no ceder el timón.

Pero de lo que hoy no cabe duda es de que el Gobierno apresó a Luis Roldán en el extranjero, lo trajo a España, y fue juzgado y condenado a 31 años. Las teorías que decían que Roldán se libraría de todo porque sus revelaciones serían horribles se han demostrado falsas. El Partido Socialista Obrero Español perdió en 1996 porque Aznar supo inspirar más confianza, y, como sucede en las democracias, la alternancia volvió en el 2004. Y Roldán ha sido el alto cargo que más condena ha cumplido por sus delitos. Pero no ha devuelto --ni se ha logrado encontrar-- un patrimonio robado de unos 10 millones de euros. Roldán asegura que se lo quedó su cómplice Francisco Paesa, un comisionista del delito, pero no puede ser creído. Es imprescindible vigilar los movimientos económicos de Roldán, al que le puede resultar imposible tocar el dinero sin ser descubierto y perderlo. Esa es su segunda condena.

Pero la lección es que Roldán, que se creía blindado y por encima de la ley, fue juzgado y condenado y ha cumplido su pena. Nuestro sistema, que está lejos de ser perfecto y en el que el delincuente poderoso tiene demasiadas ventajas, en este caso ha funcionado. Roldán tampoco es la excepción, y su caso no debería provocar más alarma social que la que surge cuando muchos condenados no hacen frente a la responsabilidad civil subsidiaria o al pago de las indemnizaciones a las víctimas, como es el caso de los etarras que salen en libertad.

Lo verdaderamente alarmante es que la materia prima del caso Roldán, el latrocinio y las comisiones al amparo de la construcción, no ha desaparecido sino que se ha multiplicado. La expresidenta del Parlamento balear, Maria Antònia Munar, de Unió Mallorquina, está en libertad bajo fianza y el expresidente de Baleares y exministro de Aznar Jaume Matas comparecerá en breve ante la justicia. Por no hablar de la trama Gürtel, en la que los presuntos delincuentes quieren anular todo el proceso. Hay que exigir que los implicados en estos casos sean juzgados, en su caso condenados y que cumplan la pena. Como en la trama de Luis Roldán.