Anthony King, presunto asesino de Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes, tiene un pasado delictivo en su país de origen. En 1986 fue condenado por estrangular, sin llegar a matarlas, a cinco mujeres en Londres. Tras cumplir la pena cambió legalmente su nombre original, Anthony Bromwich, y los crímenes se borraron de su expediente al haberlos cometido siendo menor de edad.

El caso King nos coloca ante un dilema. Las restricciones a la creación de bancos de datos de ADN y la salvaguarda de la información personal, estricta en el Reino Unido, protegen la intimidad de las personas tanto como dificultan la persecución de los delitos. Se nos plantea también de nuevo el papel del jurado, cuestionado por la condena contra Dolores Vázquez, olvidando que vino precedida de unas diligencias policiales, una instrucción judicial y una acusación fiscal con poco fundamento. Y, finalmente, se demuestra la necesidad de una cooperación policial internacional y de una auténtica policía de la Unión Europea (UE). Las fronteras policiales --Gran Bretaña no forma parte del espacio Schengen -- sobran cuando la delincuencia se beneficia de una movilidad que le permite gozar de auténticos refugios.