WEw l Tribunal Supremo admitió el jueves a trámite la demanda del Abogado del Estado para que no se legalice el partido Sortu, por entender que se trata de una pura reinvención de Batasuna, y el lunes presentará la suya en el mismo sentido la Fiscalía General del Estado. El alto tribunal tendrá que dilucidar si los dos escritos presentan pruebas sustanciales que abonen la sospecha de que Sortu, como dice el fiscal Conde-Pumpido, "no es un partido, sino el mero intento de aparentar formalmente el cumplimiento de la ley para mantener a la desesperada la presencia de ETA" en la actividad política y en las instituciones.

El material probatorio es clave para que la decisión sea estrictamente jurídica, como es necesario que sea en un Estado de Derecho, y se aparte de quienes están descartando de antemano la legalización porque parece que les moleste más que los sucesores de Batasuna rechacen la violencia que lo contrario. Durante años, se ha pedido a la llamada izquierda aberzale que se desmarcara de ETA con el rechazo de la violencia. Sortu ha cumplido esa formalidad: lo ha hecho en los estatutos que ha presentado ante el Ministerio del Interior, aunque es cierto que todo puede ser una estratagema para engañar al Estado con el único objetivo de poder presentarse a las elecciones municipales del 22 de mayo. Dilucidarlo es precisamente el objeto del proceso.

Por eso es tan importante que si todo es una operación de despiste y la relación directa entre ETA y Sortu se mantiene o, más aún, si el partido es una creación de la organización terrorista, las fuerzas de seguridad y la fiscalía demuestren esos vínculos para impedir la legalización de la nueva formación política. El Abogado del Estado asegura, por ejemplo, que existen datos que avalan su posición, uno de los cuales es que promotores de Sortu utilizaron una cuenta bancaria para ayudar a presos etarras.

Esa prueba u otras parecidas servirían para que el Supremo tomara la decisión de no legalizar a Sortu, cuyo silencio ante las últimas detenciones de miembros de ETA no ayuda en nada a su objetivo de convertirse en legal. El argumento de que no tienen por qué opinar mientras no sean legales es, en el mejor de los casos, de una pobreza desoladora y no evita que, legítimamente, se interprete ese silencio del mismo modo que se han interpretado los silencios anteriores en situaciones idénticas: que se trata de una muestra de la sumisión a los terroristas.

El Gobierno ha dicho en los últimos meses que los aberzales radicales solo tienen dos maneras de hacer política: o ETA se disuelve o ellos se desmarcan de ETA. Como la primera opción no se produce, les queda la- segunda. Pero ha de ser de verdad, sin subterfugios ni atajos. Y de modo que todo el mundo lo entienda.