La izquierda aberzale no ha dejado otra opción al Ministerio del Interior que llevar ante la fiscalía la documentación correspondiente a la marca electoral que presentó ayer con la intención de concurrir a las próximas municipales del 27 de mayo.
La inclusión de la palabra Batasuna (unión) en el nombre de la formación que ha solicitado pasar el trámite --Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB)--, es algo específicamente prohibido por la ley de partidos y, por si con esa circunstancia no bastara, el hecho de que los tres promotores tengan una biografía de vinculación a partidos ilegalizados conforme a la misma ley, hacía imposible cualquier otra reacción del Gobierno, al que no le ha quedado otra vía que oponerse al registro de la formación. Y, de paso, garantizaba la decepción detectada en las direcciones de muchos partidos, incluso dando por descontada la reacción grandilocuente y previsible en la sede del Partido Popular.
A pesar de todo ello, resulta innegable que el acatamiento de la Constitución Española y de la ley de partidos, contenido en los estatutos del nuevo partido presentados ante el ministerio, representa un paso adelante apreciable porque entraña implícitamente que la izquierda aberzale renuncia a "fomentar, propiciar o legitimar la violencia", según se recoge en la misma ley. Resulta igualmente valioso para la normalidad política que el mundo aberzale deje de dar "apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas", pues esto y no otra cosa significa acatar la ley de partidos.
En cambio, no es preciso ser un lince para llegar a la conclusión de que la personalidad de los promotores del Abertzale Sozialisten Batasuna y el nombre elegido reúnen todos los ingredientes para pensar que con esta iniciativa, se ha tratado de echar un pulso al Gobierno o, en el mejor de los casos, de acometer un movimiento de tanteo. De ser así, esa jugada sería, a la postre, tan peligrosa como innecesaria porque se agotan los plazos para presentar candidaturas y el riesgo de los independentistas vascos de quedar fuera de la cita electoral es cada vez mayor.
A decir verdad, la opinión pública española no hubiese comprendido una reacción diferente del Gobierno ante el último intento aberzale de normalizar su situación mediante una mezcla calculada de ambigüedad y respeto parcial a la ley. La imposibilidad de que colara el nombre elegido y se pasara por alto la situación jurídica de los promotores era manifiesta. La discusión no es meramente terminológica: lo que está sobre la mesa es el acatamiento estricto, total y sin reservas de la ley por parte del mundo aberzale y sus representantes. Que, por cierto, es lo que hace el resto de los ciudadanos sin menoscabo de sus libertades y el derecho que asiste a todos ellos de defender pacíficamente cualquier programa político con cualesquiera ideas sobre la estructura de la nación, incluida su desgajamiento.
