La abstención de gran parte del grupo parlamentario socialista en la sesión de investidura de ayer permitió que, después de más de 300 días sin Gobierno, Mariano Rajoy sea ya el jefe del Ejecutivo. Arranca, ahora sí, una legislatura trascendental para España en la que deben acometerse reformas esenciales del modelo político, económico y social en un ambiente de aguda desafección de la ciudadanía hacia sus representantes políticos. Una sima que estos 300 días sin Gobierno no han hecho más que agrandar. El pasado 26 de junio, fecha de las segundas elecciones, EL PERIÓDICO marcó editorialmente sus prioridades ante los grandes retos que deben afrontarse en esta legislatura. Hoy cabe recordarlas: Europa (continuidad en el euro y la UE y negociar la ralentización del ritmo de reducción del déficit público para revertir los recortes); derechos sociales (rearme del Estado del bienestar y pacto de Estado para preservar y mejorar los sistemas públicos de educación, sanidad y pensiones); reforma constitucional (mejorar la calidad democrática de las instituciones); regeneración (lucha contra la corrupción y fiscalización de las cuentas de los partidos políticos, cambio de la ley electoral); reformas del sistema productivo (con el objetivo de crear un modelo económico más diversificado que cree empleo de calidad, impulse el mercado laboral para los jóvenes y potencie el I+D+I); un modelo fiscal más redistributivo que intensifique la lucha contra el fraude; en el ámbito de la igualdad, la equiparación social y económica por ley entre hombres y mujeres, racionalización horaria y plan de choque contra la violencia sexista, y un plan integral de protección de los menores. En su discurso de ayer Rajoy volvió a tender formalmente la mano a la oposición pero en el fondo fue duro: no piensa derogar sus reformas y le recordó al PSOE, sin citarlo, que su apoyo no puede circunscribirse a la investidura. Su «que nadie se llame a engaños» es una forma de marcar líneas rojas. No es la mejor forma de empezar la legislatura. Más allá de que la aritmética parlamentaria obliga al presidente a recurrir a la geometría variable, el calado de algunas de las reformas obliga a buscar pactos lo más amplios posibles. Para ello, es imperativo que los partidos aparquen ahora el partidismo que suele bloquear la vida política española y actúen con la altitud de miras que se les exige.
