La enfermedad de la lengua azul ha caído como un mazo en la cabeza del sector ovino extremeño: miles de animales muertos, varias centenas de explotaciones afectadas, varias comarcas de la región: de sur a oeste y después al norte... Se trata de la mayor crisis ganadera de los últimos años. Ya hemos dicho en este mismo espacio que a la Administración regional le faltó diligencia para enfrentarse al problema en septiembre, cuando la amenaza llegó a Extremadura procedente de Andalucía: entonces la información llegaba a la Consejería de Agricultura con días de retraso sobre los acontecimientos del campo. Después, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, ha logrado ayudas extraordinarias para paliar los efectos de la epidemia, pero nadie puede ocultar que un ganadero quiere antes una oveja viva que, en algún caso, un centenar de euros por esa misma oveja muerta. La solución definitiva vendrá de la mano del clima, si baja la temperatura, y de la vacunación masiva de la cabaña ovina. Por eso, lo que cabe desde ahora exigir a la Administración es que ponga los medios necesarios para que las medidas profilácticas se apliquen en el menor tiempo posible, habilitando para ello las medidas extraordinarias que se precisen. Que la tardanza en la vacuna no se convierta en un daño colateral más de esta crisis. Y antes del día 29, sería necesario habilitar medios para que la retirada de animales muertos no se eternice, como están denunciando los ganaderos de Coria. Porque esta otra tardanza es un daño colateral más que añadir a los estragos del mosquito que mata a las ovejas.
