El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, empezó a poner en el horizonte de los españoles la desescalada de las iniciativas tomadas para frenar la propagación del covid-19. Los datos de incidencia del virus y las carencias aún existentes de medios para hacerle frente no permiten hacerse demasiadas ilusiones. Esa reapertura de actividades y reducción de las medidas de excepción deberá ser coordinada (motivo para pedir una ampliación del estado de alarma), necesariamente lenta en función de la evolución de la situación, sin descartar pasos atrás en caso de rebrote, escuchando a expertos y comunidades autónomas y, por primera vez, abierta a la posibilidad de tomar medidas de intensidad variable en distintos territorios (los insulares son un caso evidente), algo que solo será posible con mucha responsabilidad territorial. Y el resultado final no será un regreso a la realidad que vivíamos antes de la irrupción de la pandemia: Sánchez ya habla de una «nueva normalidad». Si ahora se abre un periodo de debate, evaluación y programación para empezar a dar estos pasos a partir del 11 de mayo, una primera medida está sobre la mesa con un calendario más inmediato. La relajación de las condiciones de confinamiento, con límites y precauciones aún por definir, de los menores de edad a partir del 27 de abril.

La problemática, ciertamente, empieza a ser uno de los asuntos más candentes. La mayoría de expertos, psicólogos y pedagogos advierten que la población infantil será una de las más afectadas en el futuro, con la posibilidad de un aumento de cargas que afecten tanto a su educación como a su desarrollo cognitivo y físico. Que los menores puedan salir de forma controlada al aire libre es una medida de salud pública, un alivio de su situación particular, y la regulación que se establezca deberá seguir también este criterio, y no otro.

En un gesto que ya tiene precedentes, el Gobierno catalán había anunciado horas antes un plan para empezar el desconfinamiento de niños y jóvenes en esa comunidad. Aunque la comparecencia de los ‘consellers’ Budó, Buch y Vergés presentaba esta iniciativa de la Generalitat como un hecho consumado, sin concretar una fecha pero con medidas muy concretas, lo cierto es que tuvieron que admitir que el Ejecutivo catalán no tiene potestad para autorizar las salidas de los menores. El gesto de ese Gobierno tiene de fondo el poco disimulado objetivo de ganar voluntades para que el independentismo aglutine al malestar social.