La Asamblea aprobó ayer por unanimidad la Ley de Educación de Extremadura (LEEX), una de las normas de mayor calado social de la legislatura que ahora está a punto de acabar y, también, una de las que más esfuerzo ha supuesto a PSOE y PP para alcanzar el consenso. La LEEX y sus avatares en la mesa de negociación, primero, y en su tramitación parlamentaria, después, ha puesto finalmente de manifiesto que cuando partidos políticos con distinta visión de la realidad y diferencias programáticas tienen voluntad de ponerse de acuerdo acaban lográndolo. Y que ese acuerdo es la imprescindible garantía de permanencia de una norma que, como esta, necesita de su asentamiento y de su desarrollo en el tiempo para que dé frutos. Estamos, por tanto, ante una ocasión para celebrar la ley --que además nace con el apoyo de casi todos los sectores que inciden en la educación, no solo los dos partidos parlamentarios que ayer dieron su voto--, y de celebrar el tan denostado y a la vez tan imprescindible ejercicio de la política.

La nueva norma establece un ´suelo´ de gasto para el sistema educativo regional fijado en el 6% del Producto Interior Bruto (PIB), cantidad que habrá de suponer, al menos, el 20% del presupuesto anual de la comunidad. Si bien esta condición constituye un corsé al que voluntariamente se van a someter los gobiernos que sucedan a este, dado que la entrada en vigor de la nueva norma será dentro de seis meses, es decir, cuando la Asamblea se haya renovado, en la práctica esa exigencia significa el compromiso de dotar a la educación regional mejor de lo que está ahora, puesto que el gasto educativo extremeño se encuentra por debajo del 19% del presupuesto y es inferior a la media del gasto de las comunidades en relación a sus cuentas anuales.

La aprobación de ayer es el primer paso. A partir de ahora queda el desarrollo de la ley, ´el ajuste fino´, el encaje de la norma en la realidad de la escuela, tarea que también tendrá que acometer el próximo gobierno. Y junto a aspectos concretos como la extensión a todos los centros de al menos dos lenguas extranjeras (actualmente, alrededor de dos tercios de los centros no cumplen ese requisito), o de la implantación en todos los institutos de la región de, al menos, la Formación Profesional de Grado Medio, lo cual es necesario incorporar a 35 centros, hay otros más imprecisos que suponen una declaración de intenciones cuya concreción exigirá la renovación del consenso conseguido ahora. Entre estos se encuentran la puesta en valor de la figura del profesor, las medidas a adoptar para conseguir el objetivo de reducir drásticamente el fracaso escolar o los criterios para premiar a los profesores más innovadores o más comprometidos, con una cierta independencia de los resultados obtenidos, porque de lo contrario se corre el peligro de que flaquee el rigor exigible a la educación de calidad que la ley persigue.

La LEEX ha nacido en las mejores condiciones para que dé frutos. Ojalá su desarrollo y puesta en práctica se guíe por el impulso de consenso que la ha hecho posible.