WEwl pasado jueves, la Asamblea de Extremadura aprobó la Ley de Información Sanitaria y Autonomía del Paciente, conocida como ley de eutanasia pasiva porque establece el derecho del paciente a manifestar qué limites deberá tener la actuación médica cuando su situación sea irreversible. La norma, que fue aprobada con los votos del PSOE y PP, viene a llenar un vacío sobre un asunto complicado. Y, aunque sólo fuera por esta razón, es positiva su existencia así como el que haya salido adelante sin rechazo, puesto que los tres diputados de IU se abstuvieron. Pero lo es también porque da tranquilidad a los pacientes, que pueden expresar qué es lo que quieren que los médicos hagan con ellos cuando no puedan decirlo, y seguridad a éstos porque cuentan con un marco de actuación normalizado. La ley se aprueba en un momento en que el caso del hospital de Leganés ha hecho que la sociedad preste gran atención al tipo de asistencia que se da a las personas moribundas, aunque su aplicación se demorará más de un año. El PP planteó un punto que debió merecer la inclusión en esta ley de Información Sanitaria del Paciente: el derecho a una segunda opinión médica. Debió incluirse porque, como la ley que limita el tiempo de espera, aumenta las garantías y la calidad del sistema sanitario.