Cuando el Partido Popular de Mariano Rajoy llegó al poder estaba convencido de que la política que sabía que iba a aplicar provocaría grandes protestas callejeras y alteraciones de la vida ciudadana. Aquel renuncio que un micrófono indiscreto captó en boca de Luis de Guindos en Bruselas --Preparamos una reforma laboral muy agresiva que me va a costar una huelga general-- era significativo de los temores del Partido Popular cuando ganó las elecciones en el 2011.

La experiencia ha demostrado que aquellos miedos eran infundados, no porque no hubiera huelga general, que han sido dos, ni protestas, que hay muchas, sino porque el país no ha estado permanentemente soliviantado como en los dos mandatos de Rodríguez Zapatero , un ambiente al que con tanto ahínco contribuyeron el PP desde la oposición y la jerarquía española de la Iglesia Católica desde los púlpitos.

Lo que sí ha ocurrido durante estos dos años es que se han consolidado formas de protesta alternativas a las que hasta ahora eran las clásicas, mucho más espontáneas y rápidas. Los populares ya las sufrieron en sus carnes tras los sucesos del 11-M. Con el tiempo, han adquirido vida propia al margen de las consignas de los partidos, han cuestionado el sistema, como ocurrió con el movimiento del 15-M, y el papel de los propios políticos a través de los escraches.

En lugar de frenar el distanciamiento entre los electores y las instituciones, producto de la aplicación de políticas que nadie ha votado, el Gobierno se propone ahora consolidar ese aislamiento con una nueva ley de seguridad ciudadana, ya conocida como ley Fernández, en alusión al apellido del ministro del Interior, su impulsor.

A falta de conocer el detalle del proyecto, se trata de duplicar los supuestos de faltas muy graves, que podrán ser sancionadas con multas de 600.000 euros. Taparse la cara o convocar una manifestación por internet serán dos de ellas. Pero quizá lo más importante de los planes del Gobierno es que se tratará de infracciones administrativas, lo que le permitirá prescindir de los jueces, que hasta ahora no le han dado la razón cuando desde el Ejecutivo se ha intentado considerar delito lo que la justicia no llega a contemplar como tal. En adelante, la policía y el ministerio podrán actuar en este ámbito sin recurrir a los tribunales.