XNxo comparto con Carlos Floriano su tesis sobre el fracaso escolar en Extremadura. Sin ánimo de hacer falsas alharacas sí que quiero romper una lanza por el sistema educativo extremeño, no tan distinto del sistema educativo español. Sobre todo porque cuando se habla seriamente con expertos la mayoría coincide en que un fracaso existe o no en función del cumplimiento de los objetivos que plantea la tarea prevista. Y a esto debe encomendarse el análisis, cosa que nunca se hace. Quiera o no quiera el presidente del PP en Extremadura, la educación es un tema político donde los haya. Y en España, ahora mismo, con un ministerio presentando un anteproyecto de ley orgánica de educación tenemos al Partido Popular buscando las vueltas al mismo para enturbiar su presentación, sin permitir un pacto por la educación, ese mismo que Carlos Floriano solicita.

Independientemente de los pasos que entre todos demos para conseguir mejorar la calidad de la enseñanza y darle a la ley estabilidad hay que decir que el actual Ministerio de Educación ha presentado un anteproyecto de ley que, aprobada, significará un ejercicio de corresponsabilidad política de las distintas administraciones. El proyecto llevará consigo una memoria económica cuantificadora del gasto que comporta el cumplimiento de sus objetivos y además un estudio con indicadores sobre la situación de la educación española respecto a los objetivos de la Unión Europea en materia de educación.

Antes se ha producido un amplio debate en el que han participado los diferentes sectores de la comunidad educativa que así lo han querido. Las sugerencias han sido importantes y llenas de calidad. La ley tiene una serie de objetivos. El primero, el de la calidad armonizado con el de la equidad, de ahí que sea preciso aumentar la escolarización en las edades primeras y en las postobligatorias, conseguir el éxito de todos los alumnos en la enseñanza obligatoria y promover el aprendizaje a lo largo de toda la vida. El modelo que postula la ley se inspira en una serie de principios tales como la transmisión de valores, la flexibilidad, la autonomía, la participación y la cooperación sin olvidar los de calidad y equidad ya citados. Para implantarlo es preciso mejorar la implantación y calidad de la educación infantil, organizada en dos ciclos de tres años cada uno, no puede olvidarse que la escolarización temprana favorece el desarrollo personal y social de los niños. Las materias instrumentales se incluyen de manera sistemática en las etapas obligatorias del sistema pues la formación común debe ser sólida. La evaluación aparece como actividad formativa y reorientadora y con esta finalidad habrá evaluaciones generales de diagnóstico al término del segundo ciclo de Primaria y del primer ciclo de Secundaria para orientar a padres, alumnos y profesores e introducir correcciones, si fuera preciso, dentro de las etapas respectivas. La Administración deberá regular medidas de atención a la diversidad que permitan a los centros una organización flexible de las enseñanzas. El cuarto curso de Secundaria tendrá un carácter orientador para futuras opciones.

Para jóvenes mayores de dieciséis años y menores de veintiuno que no hayan obtenido el título de graduado en secundaria obligatoria la ley prevé la organización de programas de cualificación profesional inicial que abren la posibilidad de una inserción laboral a quien los curse. El bachillerato, de dos cursos, se organiza en tres modelos con una prueba de acceso a la universidad organizada por las universidades y centros de bachillerato.

Una novedad en el sistema es la presencia de una nueva materia: educación para la ciudadanía por entender que aún formando parte de los contenidos transversales debe tener también un planteamiento curricular. La ley es respetuosa con lo que dispone la Ley Orgánica 5/2002 en relación con la formación profesional y sus tres modalidades: reglada, ocupacional y continua. Lo nuevo tiene que ver con la flexibilidad para circular dentro de la misma y en su relación con los demás componentes del sistema educativo.Esta es una ley mesurada, que aspira a permanecer. Hay dos principios que recorren el texto: orientación y evaluación. En un sistema flexible, acorde con las necesidades del mundo actual, la orientación de alumnos y familias es primordial. La evaluación es un instrumento de calidad, al servicio de la equidad. Con independencia de sus condiciones personales o sociales de partida, las personas tienen derecho a una educación de calidad de acuerdo con los objetivos educativos de la Unión Europea.

La puesta en marcha de la ley es la respuesta a muchas de las cuestiones que Floriano plantea en su artículo y tiempo hay para debatirlas en ese diálogo que el Ministerio de Educación ha iniciado. Pero debe aconsejar el responsable popular a los presidentes de comunidades gobernadas por el PP que hagan lo que él predica en materia de centros y recursos (entre otros temas) porque si no los argumentos se le pueden quedar colgados de la brocha .

*Secretaria regionalde Educación del PSOE