El gobierno del Partido Popular, en consonancia con determinadas recomendaciones europeas y de acuerdo con las indicaciones propuestas por la Comisión Nacional de la Competencia, está ultimando una reforma de los colegios profesionales que tiene como premisa básica la liberalización de las actividades de un colectivo que agrupa a más de un millón y medio de personas que trabajan en ámbitos como el sanitario, jurídico, económico, científico, social y técnico.

En este sentido, la futura ley del PP persigue un abaratamiento de los costes, calculados en el aumento de la economía española en una décima como consecuencia de la reducción del 1% en los márgenes de los servicios prestados por los profesionales. La futura ley también plantea, en consecuencia, la introducción de una regulación que tiende a reducir y limitar tanto el número de colegios como la obligación de colegiarse.

La polémica de la reforma que plantea el Ministerio de Economía que lidera el ministro Luis de Guindos está servida en estos dos campos, hasta ahora prescritos con una notable severidad: el de la colegiación obligatoria y el de la reserva de competencias, es decir aquellos asuntos para los cuales solo están capacitados legalmente determinados colectivos.

Aunque parece que se mantienen las condiciones referidas a abogados, procuradores, arquitectos, ingenieros y médicos, los matices que introduce la nueva legislación implican un ejercicio más libre de las actividades profesionales con la idea de incrementar la competencia y, en consecuencia, rebajar las minutas establecidas por los colegios.

El peligro de la reforma es considerar a estos entes como meros instrumentos recaudadores o como baluartes de un colectivo restringido y endogámico que solo mira por unos intereses particulares.

Los colegios profesionales, conviene no olvidarlo, ejercen asimismo una función de control y protección que podría verse afectada por una liberalización que podría ir en detrimento de la seguridad jurídica y personal de los ciudadanos. Los colegios vigilan y evitan las malas prácticas y el intrusismo, un aspecto que podría verse laminado por la nueva norma.

Es correcto contemplar un panorama en el que se establezcan medidas de racionalización y de unificación, pero sin menoscabo de la calidad y sin que ello representa una injerencia, que también se intuye, en las competencias autonómicas.