El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley del libro, que mantiene, como principio general, el precio fijo de los libros y establece la novedad de la liberalización del precio de los libros de texto, uno de los caballos de batalla del sector, muy descontento desde que el Gobierno del PP permitió en el año 2000 los descuentos libres con precio oficial fijo. Esta política beneficiaba, sobre todo, a las grandes superficies, que podían ofrecer rebajas en los libros de texto, a veces incluso comprando otros productos, y perjudicaba a las pequeñas y medianas librerías. Ahora se anula la posibilidad de los descuentos. La liberalización del precio colocará a todos los vendedores de libros en pie de igualdad y, aunque es previsible que baje más el precio quien más venda, es decir, las grandes superficies, no se otorga a estas, como ocurría hasta ahora, "un garrote para pegarle al pequeño", en expresión de un representante de la federación del gremio de editores. Los pequeños y medianos libreros se verán así recompensados, al igual que las familias, a las que una liberalización del precio solo puede beneficiar. El sector ha recibido bien, en general, el anteproyecto --no en vano ha sido consensuado durante meses--. La nueva ley regulará además un sector que se regía por una norma predemocrática, de 1975, y prevé una inversión de 431 millones de euros en ocho años para dotar a las bibliotecas públicas, modernizar sus instalaciones y digitalizar sus fondos. Se pretende que los centros ofrezcan entre 1,5 y 2,5 libros por habitante, en lugar del 1,25 actual. Bienvenida sea esta iniciativa.
