El anuncio, ayer, de la vicepresidenta Fernández de la Vega de que el Gobierno va a "cambiar la ley" para que las transferencias del Estado a las comunidades autónomas destinadas a financiar las competencias de sanidad sean finalistas, es decir, que los gobiernos autónomos no puedan destinar ese dinero a otros menesteres, reabre el debate sobre los límites de la autonomía. Las transferencias para sanidad dejaron de ser finalistas cuando esas competencias se traspasaron a todas las comunidades, hace siete años.
Fuentes del Gobierno extienden esa intención al dinero para educación. De ser así, el 80% de las transferencias del Estado a las comunidades autónomas sería con carácter finalista, como ya lo es el dinero destinado a financiar los entes locales.
De la Vega respondía así a la reclamación de la Comunidad de Madrid de más dinero para la sanidad, cuando el Gobierno central sospecha que Esperanza Aguirre destina fondos que recibe para ese servicio para otras cuestiones que considera o más prioritarias o más rentables, al tiempo que privatiza la sanidad.
Este es un asunto controvertido, puesto que si el Gobierno cree en la autonomía, debería dejar que fueran los ciudadanos de Madrid los que con su voto obligaran a su gobierno autónomo a cambiar las cosas. Pero, al mismo tiempo, el Gobierno tiene la obligación de garantizar que los servicios básicos son iguales en todas las autonomías. Cada día es más creciente el sentimiento ciudadano de que el gobierno central debería recuperar competencias en servicios esenciales, precisamente para evitar agravios entre comunidades.
