El acuerdo sobre rescates bancarios al que han llegado los ministros de Economía de los 27 países de la Unión Europea despierta tanta expectación porque forma parte de la unión bancaria europea y, sobre todo, porque establece las reglas para dar salida a las dificultades del sistema financiero, que no han acabado, ni mucho menos. La troika ya ha dicho, en el caso español, que teme que existan problemas ocultos derivados de la burbuja inmobiliaria. Es una sospecha que sobrevuela otros sistemas bancarios europeos incluso tan importantes como el español, como son el francés y el alemán. La gran cuestión es quién paga la factura, si los estados o los propietarios de los bancos; y de qué manera se pueden ver afectados inversores y clientes.

El borrador de directiva aprobado establece las condiciones en que deberán actuar los países. Y, entre ellas, destacan dos. De un lado, que en la práctica todo el dinero que se preste desde Europa pasará por el Estado donde radiquen las entidades con problemas y que computará a todos los efectos como deuda pública. En ultimísima instancia se podrá recurrir al Mecanismo Europeo de Estabilidad para que las ayudas vayan directamente a los bancos con problemas, pero solo cuando se hayan agotado las restantes vías.

Y, de otro lado, que el primer paso será una quita mínima del 8% para accionistas, tenedores de participaciones preferentes y de bonos; posteriormente, los depósitos superiores a 100.000 euros, aunque los de los particulares estarán más protegidos que los de los inversores institucionales y las grandes empresas. Los depósitos inferiores a esa cantidad quedan blindados.

Las condiciones se parecen más a las aplicadas a España a cambio de disponer de 100.000 millones que a las que se pactaron en aquel desbarajuste que fue Chipre: los ahorradores de la isla con más de 100.000 euros fueron tratados casi como los accionistas. Llama la atención, sin embargo, que el ministro Luis de Guindos se atribuya como un mérito que el sistema final sea semejante al español cuando todo el mundo sabe que fue aplicado a nuestro Gobierno contra su voluntad, que Mariano Rajoy estuvo retrasando la petición de rescate --préstamo a buen precio, dijo él-- porque pretendía que el crédito fuera directamente a los bancos. Ahora, como entonces, el criterio de Alemania y sus aliados se ha impuesto.