En campaña hay errores de todo tipo. Unos son graciosos, otros son errores inducidos o digamos medias verdades o falsedades camufladas de errores, ya estamos acostumbrados, pero hay algún que otro error que aun siendo verdad, le puede costar a alguno un disgusto. Sí, me estoy refiriendo a la famosa división, y «el error» de Pedro Sánchez. Al parecer un periodista le ha preguntado sobre la sorpresiva afirmación realizada en el debate electoral de traer a España a Puigdemont, a lo que Pedro Sánchez ha contestado: «¿De quién depende la Fiscalía?», y el periodista le ha respondido: «Sí, sí, depende del Gobierno». A lo que Sánchez ha añadido: «Pues ya está». Hombre, vamos a ver, que sí, que ya sabemos que depende del Gobierno, pero eso es una cosa y otra para lo que está la Fiscalía General del Estado, que constitucionalmente es la acción de la justicia «en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social». Normal que los fiscales se hayan puesto de uñas, de un plumazo acaba de cargarse a Locke y Montesquieu, defensores de la moderna división de poderes que garantiza la libertad en democracia, y la suya propia. Aunque después haya matizado sus declaraciones, digamos que «el error» no ha sido decir la verdad, es cómo ha dicho la verdad dejando entrever la influencia del ejecutivo en el judicial.

Básicamente, la separación o división de poderes es un principio político adoptado por casi todas las democracias modernas de todo el mundo, en el cual los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado son ejercidos por órganos de gobierno distintos, autónomos e independientes entre sí. De esa manera se evita el abuso de poder y se garantiza el control de los tres poderes recíprocamente. Para que me entiendan, y en el caso que nos ocupa, que nadie pueda hacer lo que le dé la gana cuando se gobierna y sobre todo garantizando una justicia independiente.

En España como sabemos hay una presumible y presumida división de poderes relativa en algunos aspectos, pues es cierto que al ser un gobierno elegido por los ciudadanos, es el Congreso y el Senado quien propone y el Rey quien nombra por ejemplo a los veintiún miembros del Consejo General del Poder Judicial, digamos que el pueblo indirectamente, a través de quienes ellos han elegido los representen, poder legislativo, pero sin embargo no es así en el caso de la Fiscalía General del Estado, que quien lo nombra, sí, lo han adivinado, es el Gobierno, es decir, el poder ejecutivo y como decía el Barón de Montesquieu en referencia a que un poder tenga más decisión sobre otro: «si el poder legislativo nombra al poder ejecutivo y al judicial, no habrá separación ni división de sus poderes, puesto que quien tiene el poder de nombrar lleva consigo el de revocar».

*Maestro.