El Tribunal Supremo ha condenado a Alberto Cortina y a Alberto Alcocer a más de tres años de cárcel por estafar a sus socios minoritarios cuando eran administradores de Urbanor, la sociedad propietaria de los terrenos de la plaza de Castilla donde se construyeron las Torres KIO. Los hechos se remontan a 1987, cuando los condenados actuaban en nombre de sus esposas de entonces desde la sociedad Construcciones y Contratas. Su trayectoria posterior no tiene nada que ver con aquellos asuntos, aunque sus pelotazos de esa época explican que después alcanzaran la copresidencia del Banco Zaragozano.
La condena a Los Albertos moviliza tanto a la prensa rosa --de la que son protagonistas-- como a la que busca una interpretación política al desfile ante los jueces que protagonizan grandes personajes del lobi financiero y empresarial. La justicia es considerablemente lenta --han pasado 10 años desde la denuncia de los hechos--, pero en este caso el alto tribunal ha puesto orden en lo que constituía un escándalo: la Audiencia Provincial de Madrid había considerado probado que a los accionistas minoritarios se les estafaron 25 millones de euros, pero que el delito había prescrito.
