Un grupo de franceses que se autodenominan los hijos de Don Quijote acamparon durante un tiempo en las proximidades del Sena, para reivindicar de los poderes públicos el derecho a una vivienda digna. A los gobernantes de aquel país, que además de estar en época preelectoral están escarmentados de las revueltas, les ha faltado tiempo para resolver de forma satisfactoria todas y cada una de sus reivindicaciones, aunque una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo.
Es cierto que nuestra Constitución reconoce el derecho de todos los españoles a una vivienda digna, como ponía de manifiesto no hace mucho en este mismo periódico el exfiscal Carlos Jiménez , pero también señalaba que "dichos derechos están reconocidos como derechos de segundo orden en relación a los derechos civiles y políticos. Y el ejercicio de los mismos no está amparado con la misma eficacia que los derechos civiles, en cuanto no pueden exigirse directamente ante los tribunales su satisfacción".
El Gobierno de Cataluña deriva esta responsabilidad hacia los propietarios de viviendas deshabitadas. A este efecto, el tripartito catalán ha aprobado un proyecto de ley que consiente la posibilidad de expropiar temporalmente las viviendas que lleven desocupadas más de dos años, para proceder a un alquiler forzoso. La expropiación no es el procedimiento más adecuado para potenciar el mercado del alquiler, ya que además de ser una ley intervensionista y que suspende la posesión de la propiedad, tiene un efecto contraproducente sobre el sector de la construcción. En el País Vasco en cambio, para hacer que afloren al mercado del alquiler las viviendas cerradas, están dispuestos a aplicar sobre ellas la acción fiscal, penalizando con un impuesto especial a aquellos propietarios que mantengan sus viviendas vacías.
En ambos casos, han de ser los poderes públicos quienes tomen las medidas oportunas para resolver los verdaderos problemas que afectan a este sector, elaborando una ley de suelo que acabe con la especulación, cortando de raíz la corrupción inmobiliaria, construyendo más viviendas protegidas, aprobando una ley de arrendamiento que ofrezca unas mínimas garantías jurídicas al arrendador, o fomentando algún tipo de fiscalidad más favorable.
Los medios de comunicación han puesto ante nuestros ojos las imágenes insólitas de un ciudadano de Barcelona que relataba apesadumbrado cómo de la noche a la mañana se le han instalado en una vivienda de su propiedad una serie de individuos con la intención de quedarse a vivir en ella, llegando a la desfachatez de poner una denuncia a su legítimo propietario cuando éste pretendió acceder a su casa.
La tercera teniente de alcalde de Barcelona, Imma Mayol , ha manifestado que se debería despenalizar la usurpación de la propiedad ajena, al considerarla un bien social y no un activo privado. Con este tipo de manifestaciones no sólo se infringe el artículo 33 de nuestra Constitución que consagra el derecho a la propiedad, sino que se está incitando a otros a transgredir las leyes establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, que es la base sobre la que se asienta nuestra convivencia.
La vivienda privada pertenece a sus legítimos propietarios, si su precio ha experimentado en estos últimos años un incremento tal, que ocasione que muchas personas no puedan acceder a ellas, ha sido debido al exceso de demanda producida por un cúmulo de circunstancias, como son los bajos tipos de interés, las facilidades financieras para obtener créditos hipotecarios, el aumento de las adquisiciones realizadas por ciudadanos comunitarios, el incremento de inmigrantes, el hecho de que algunos ahorradores hayan invertido en una segunda vivienda, también a lo ya reseñado sobre las escasas promociones de vivienda protegidas y a la reiteradas corruptelas.
La mayoría de los ciudadanos no tienen nada que ver con los grandes especuladores, más bien son sus víctimas, personas que han invertido sus ahorros en la adquisición de una segunda vivienda huyendo de la escasa rentabilidad de los activos financieros, otros lo han hecho con la sana intención de cedérsela a sus hijos cuando la necesiten, en cualquier caso, han tenido que soportar los altos precios del sector, abonar las cotas de transacción, el IVA y los gastos notariales, los impuestos municipales y catastrales, por lo que no es justo ni sensato castigarles con ningún tipo de expropiación aunque ésta sea temporal, ni con ninguna clase de nuevos impuestos para obligarles a alquilar, y menos aún si previamente no se elabora una ley de alquileres que evite los destrozos o verse inmersos en eternos y costosos procesos judiciales cuando pretendan desalojar de ella a los inquilinos.
*Profesor
