WDw esde que estalló con toda su crudeza la crisis financiera norteamericana, que ha arrastrado en mayor o menor medida a todas las economías del mundo, no han cesado de alzarse voces para introducir reformas en el sistema que impidan sobresaltos como los que han dejado fuera de combate a grandes bancos y aseguradoras y han provocado, de rebote, una contracción del crédito que ha terminado por dañar de forma irreparable las economías de familias y de empresas. Tal reforma era lo que, de manera un tanto rimbombante, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, calificó como "refundación del capitalismo".

Si en algo coinciden hoy las autoridades económicas de los países más importantes del mundo es en que uno de los cambios urgentes es la progresiva eliminación del secreto bancario que practican los países --muchos de ellos, microestados-- que dan cobijo a fondos opacos a salvo de obligaciones fiscales.

Es ciertamente una anomalía para el sistema capitalista global que en algunos territorios no se graven las rentas de capital, no intercambien información fiscal con otros estados y no exijan la presencia física continuada de particulares que disfrutan de los beneficios de los nacionales.

Y no solo es una anomalía. También supone una fuente de irregularidades, cuando no de delitos, así como un estímulo a la insolidaridad para quienes pueden permitirse cierto nivel de ingeniería financiera y se libran así de pagar los impuestos con los que son gravados la inmensa mayoría de los ciudadanos.

La OCDE se puso manos a la obra y elaboró una lista negra de países que no respetan la transparencia exigible. Ahora es el G-20, la plataforma que agrupa a los países más ricos del mundo y a las grandes economías emergentes, el que ha incluido en su programa la batalla contra los paraísos fiscales. La presión hacia los microestados ha ido en aumento y, así, se dan casos como los de Luxemburgo, Suiza o Andorra, que ya han empezado a realizar reformas en sus sistemas bancarios. En el vecino país de los Pirineos, por ejemplo, el sistema bancario, que supone el 19% de la economía, se verá sometido de forma gradual a una nueva normativa más transparente y homologable con la de los países del entorno. Es lo justo. Andorra, Liechtenstein, Gibraltar y Mónaco, por poner ejemplos cercanos, no pueden ser un moderno refugio de piratas de cuello blanco.