Abogada
El pasado 27 de junio se cumplieron ocho años del secuestro del empresario Publio Cordón, un secuestro efectuado por parte del grupo terrorista GRAPO. De este macabro suceso muchas fueron las hipótesis, desde una fuga voluntaria hasta un funesto final, que permanece en las mayores de las incertidumbres.
Varias veces he hablado con su familia, he asistido al juicio por dicha desaparición; un juicio en la famosa sala blindada de la Audiencia Nacional, en la que los familiares de los secuestradores intimidaban hasta llegar a asustar a las verdaderas víctimas. Secuencias inenarrables en las que unas apocadas señoras mayores ponían en serios apuros a los agentes de la policía, bajo la excusa de un Estado fascistas. Los imputados insistían en desconocer todo lo ocurrido aquel 27 de junio de 1995; estaban tan extrañados acerca de todo, que parecían verdaderos actores episódicos de un suceso que permanece en la historia más negra de nuestro país.
La semana pasada, un tribunal de justicia parisino juzgó a parte de esta cúpula, entre ellos el rebelde Silva Sande, determinó la vinculación del PCER (Partido Comunista Español Reconstituido) con una organización terrorista, paso este fundamental para tramitar de forma más acelerada la petición de extradición cursada por el gobierno español al francés hace varios años, al objeto de poder juzgar por el referido secuestro al encausado Silva Sande.
Quizá no haya esperanzas, pero al menos, se va a tener la oportunidad de poder sentar en esa sala blindada a uno de los terroristas más escurridizos y sangrientos de este país.
