El abono del Gobierno de Extremadura de los 27 millones que debía a los municipios desde 2012 supone un alivio para los ayuntamientos de la región, asfixiados muchos de ellos por cuantiosas deudas. El retraso de la Administración regional en el abono de los convenios suscritos ha complicado la supervivencia de los servicios que prestan los consistorios y para los que reciben fondos autonómicos. Ahora, la medida de Monago es un respiro para ellos.