WEw l presidente de la Junta anunció el pasado jueves en la Asamblea que la Sociedad de Fomento había embargado los bienes de la empresa Lusográfica, que se ha declarado en quiebra y ha dejado a 47 trabajadores en la calle. La decisión de Sofiex, tomada en consideración a que la empresa no le había repartido dividendos en su calidad de accionista, por lo que le reclama cuatro millones de euros, parece tomada a remolque de los acontecimientos aunque en la buena dirección: la Junta tiene que hacer todo lo que esté en su mano para minimizar la sangría de dinero público que ha generado esta empresa.
Con todo, no es la Junta la que está faltando a su deber en este caso, sino el Ayuntamiento de Olivenza, que no ha dicho todavía esta boca es mía ante las acusaciones del PP, en el sentido de que puso condiciones inusualmente favorables para que los 65.000 metros cuadrados que compró por ¡400 euros! pasaran definitivamente a la propiedad de Lusográfica a los cinco años y sin haber cumplido todos los requisitos que se le había exigido, puesto que la imprenta nunca tuvo los cien empleos preceptivos para aprobar las condiciones de la venta. El Ayuntamiento de Olivenza --sus regidores actuales y pasados-- le deben una explicación a los vecinos y a los extremeños del por qué de su proceder. No es lo mejor para disipar dudas, ni para la viabilidad futura de la empresa y del mantenimiento del empleo, adoptar la actitud del que da a entender que con él no va la cosa.
