Los problemas con la factura de la luz no afectan solo a los usuarios domésticos, sino también a los miles de agricultores de la región que cultivan en régimen de regadío, como informó ayer este periódico. En esta ocasión, la causa de los problemas no es la periodicidad de la factura ni conceptos como el consumo estimado, sino simple y llanamente que el precio ha subido alrededor de un 30%.

El aumento en el precio se debe, como se esfuerza en recordar la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, a una directiva de la Unión Europea, pero, acto seguido, se lava las manos al manifestar que deben ser las compañías y los agricultores los que se pongan de acuerdo para lograr tarifas más ventajosas.

No debería considerar el ministerio ajeno a su preocupaciones este asunto de la energía. Por varios motivos: porque los agricultores están ya viviendo al límite, los gastos fijos se disparan mientras los precios por los que cobran sus productos están cada día más alejados de los que pagan los consumidores, y esta situación repercute en un sector de vital importancia para la economía. De otra parte, los agricultores tienen reivindicaciones que solo pueden discutir con el Gobierno, como es el restablecimiento de la tarifa agrícola o la implantación de un IVA reducido.