TEtn marcha está la denominada Ley de Transparencia, una ley que pretende poner el foco en todas aquellas actividades de las administraciones públicas, y todo aquello que tenga que ver con el dinero público. Que como se dice es de todos. Pero la realidad, y las pruebas están ahí, lo ponemos casi todos, y se lo llevan sólo unos cuantos. Con esta ley se pretende poner luz y taquígrafos a aquellas actuaciones donde el dinero público se la juega. Financiación de los partidos políticos, administraciones públicas, altas instancias del Estado y del Gobierno. Y además de ser muy recomendable, no hay duda de que puede ser de utilidad, pues ahora con los medios telemáticos es mucho más fácil el acceso a la información real. Se pone en peligro los sobres, esos sobres rellenos de dinero con las únicas intenciones de engrosar las cuentas particulares de los que partidistamente utilizan los resortes de las administraciones públicas por el denominado tráfico de influencia.
En España los sobres constituyen la recompensa de los conseguidores, que en la cultura anglosajona se denominan lobbys. Debería pues aprovecharse este nuevo marco legal para regular de una vez por todas la figura de los lobby, que en este país tiene la forma de primos, amigos íntimos, y militantes de partidos y que habría que reconvertir en profesionales, identificados, y cuyas actuaciones se vieran reflejadas en cualquier tipo de negociación a la hora de concesiones y subvenciones públicas.
Esta ley de transparencia debe hacerse, eso sí, sin atajos y con el mayor consenso de todos. Aquí no vale tapar nada, nada que tenga una proyección pública, y que haya por medio dinero público. No es suficiente argumento, dado los precedentes, esquivar la publicidad de lo que todos los ciudadanos tienen derecho a saber bajo la premisa de materia sensible en opinión del político. Y esa sensibilidad representa la coartada idónea para no declarar y enriquecerse a toda costa. Esto los ciudadanos lo entendemos todos, y además los ejemplos son claros, observamos a conciudadanos, de no procedencia acaudalada, convertidos, a pesar del sistema de incompatibilidad en nuevos ricos, con fortunas ascendientes en paralelo a su carrera política o afecta a lo político.
XNO ES FACIL,x pero si queremos que la sociedad crea y tenga confianza en cómo se gestiona lo público y los dineros públicos, tenemos que ser totalmente transparentes. No valen medias tintas, ya somos conscientes algunos de los denominados fondos reservados, que han servido y sirven para repartir a veces favores y otras veces, gestionar intereses que no deben salir a la luz pública.
La virtud que debiera tener esa ley de transparencia, haciendo honor a su nombre debiera ser la de focalizar todos aquellos hechos, susceptibles de ser controlados y a conocimiento de la opinión pública, como son las cuentas de los partidos políticos, las nóminas de los cargos públicos, conocimiento exacto de todos aquellos casos de enriquecimiento de cargos electos, así como todo un procedimiento de exposición pública de todo lo que tiene que ver con concesiones administrativas, concursos y subvenciones públicas. Y lo importante un antes y un después en la vida de los altos cargos de las distintas administraciones públicas, que denoten cómo ha evolucionado económicamente su patrimonio tanto personal como familiar.
Se trata, en definitiva, por medio de esta ley de crear un mecanismo por el cual cualquier ciudadano de este país deba tener conocimiento de dónde, cuándo y cómo se gestiona, gasta e invierte el dinero público, teniendo en cuenta que proviene de los impuestos. Y, por tanto, tenemos derecho a saber, y aún más, esta ley debiera también provocar un sistema de responsabilidad hacia aquellos que además de gustarle el dinero para enriquecerse, especulan con la riqueza de este país, que, a la vista está, ha provocado una situación de crisis, que la están pagando los de siempre, los ciudadanos que se ven abocados a mantener un sistema que les requiere del máximo esfuerzo; mientras que los que han provocado esta situación, a lo más que llegan es a entrar en el juzgado, pero pocos van a la cárcel, y siempre se tiene la sensación de que aquí nadie devuelve lo que se ha llevado ilegal e injustamente.
