La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción lanzó la semana pasada una macrooperación por los delitos de malversación, prevaricación, negociación prohibida al funcionario público, falsedad y fraude en subvenciones de la Diputación de Barcelona destinadas a la cooperación internacional entre los 2012 y 2015. La investigación se centra en un fraude en subvenciones a través de diferentes entidades por un valor de al menos dos millones de euros. Fue una macrooperación con 14 registros y 29 detenciones por unos supuestos delitos que se remontarían a la época en que Salvador Esteve (CiU) era presidente de la diputación y que beneficiarían a entidades afines a la antigua Convergencia. El partido nacionalista, pues, vuelve a verse inmerso en una investigación judicial vinculada a la corrupción. No se trata, como durante la macrooperación se dijo por las redes sociales, de un golpe a personas o entidades vinculadas al independentismo. Ya en el 2016 la CUP y el sindicato CGT denunciaron ante la Oficina Antifraude de Cataluña presuntos desvíos de fondos de la diputación destinados a la cooperación internacional a empresas y patronales sin experiencia en el sector. Se trata de una investigación contra la corrupción, una lacra sobre la cual muchos en Cataluña no pueden dar demasiadas lecciones. Cataluña no es inmune a la corrupción y, respetando la presunción de inocencia, toda operación destinada a combatirla merece ser aplaudida.
